Entrevistamos a la diputada Marta Martín justo el día que su partido, Ciudadanos, registra en el Congreso de los Diputados un voto particular al documento de propuestas para la reconstrucción del país “que el PSOE no puede dejar de apoyar” porque defiende los derechos del niño, la equidad y la justicia social. Este voto particular presentado por Ciudadanos deberá votarse en el Pleno del Congreso del 21 de julio junto al dictamen de propuestas aprobado en la Comisión de Reconstrucción, aquel que excluyó a la escuela concertada del acceso a las ayudas económicas para la recuperación del país. Esa exclusión de casi el 30% del alumnado salió adelante sólo con los votos del PSOE y Unidas Podemos. El resto de grupos les dio la espalda, lo que, según Marta Martín, debería llevar al PSOE a “reflexionar” sobre la necesidad de un consenso en educación que no está promoviendo.

Hablamos con Marta Martín de las conexiones que ese documento tiene con el trámite parlamentario de la LOMLOE. Aunque de momento no hay indicios para ser optimistas, la diputada no pierde la esperanza de que el Gobierno acepte congelar la tramitación y sentarse a «trabajar en serio”, con todos los partidos y toda la comunidad educativa, una reforma educativa consensuada que deje fuera cuestiones ideológicas e identitarias. «Ahí encontrarán a Ciudadanos».

Pregunta.– Hemos leído que Ciudadanos es optimista respecto a lograr un acuerdo con el Gobierno sobre la educación concertada. ¿Cómo es posible, una vez que el documento de propuestas ya se ha votado en la Comisión y será elevado al Pleno?

Respuesta.– Hemos registrado un voto particular que no puede dejar de votar el Partido Socialista si se llama Partido Socialista porque en él defendemos la igualdad de todos los niños en el derecho a la educación con independencia del colegio en el que estudien, el lugar donde vivan y las condiciones personales que tengan. Hemos querido sacar a la educación el marco del debate pública-concertada y poner por encima el derecho del niño.

No entendemos que se nieguen fondos a la educación de los niños por la titularidad del centro en el que estén. Es como decir que no se puede ayudar a personas que trabajan en empresas privadas o que sean autónomos, sino sólo a trabajadores públicos. No tiene ningún sentido. Estamos hablando de fondos para salir de una crisis sin precedentes que ha generado una pandemia. Un partido socialdemócrata no puede mantener esa segregación y esa discriminación que atenta claramente contra la equidad.

P.– ¿Cómo es el procedimiento de votación del Pleno del 21 de julio?

R.– En el Pleno se vota el documento aprobado en la Comisión para la Reconstrucción como un todo: o sí a todo o no a todo. Y luego se votan los votos particulares. Nosotros sólo presentamos un voto particular en relación con la educación, lo que demuestra cuál es el principal escollo para nosotros. Si conseguimos que acepten el voto particular en los pactos de la reconstrucción, si entienden el concepto de equidad educativa, tenemos mucho ganado como país. Hablemos del niño y de la Constitución y de garantizar como Estado que se van a poner recursos para las necesidades del niño, tenga las que tenga, no estudie donde estudie. Si votan en contra, van a tener muy difícil argumentar que están en contra de la equidad educativa.

P.– Pero precisamente el Gobierno ya ampara en los derechos del niño una ley educativa que da la espalda al alumnado de la escuela de la concertada. ¿Acaso los derechos del niño tienen diferentes interpretaciones?

R.– Los niños tienen derecho a la educación independientemente del colegio que hayan elegido sus padres y del territorio en el que vivan y lo que hay que hacer es preservar este derecho. No puede ser que un niño tenga menos derecho por ir a un concertado. ¿Acaso no encontramos a familias adineradas en los colegios públicos y a familias pobres en los concertados? Podremos hablar de muchas cosas después, pero primero reconocer que el derecho a la educación es del niño y que no se puede segregar ni por centro ni por territorio, ni tampoco por características del niño: si va a un centro de educación especial porque los padres lo quieren, ¿cómo no vas a apoyar o a poner un centro de educación especial?

P.– La propuesta del documento que excluye al alumnado de la concertada, y que no cosechó ningún apoyo fuera del Gobierno, no sienta un precedente muy optimista ante la negociación parlamentaria de la LOMLOE. Pero ahora se le puede dar la vuelta: si aceptan el voto particular de Ciudadanos, ¿podríamos interpretarlo como un buen precedente para negociar la ley de educación?

R.– El planteamiento es a la inversa. Ellos han trasladado a un documento relacionado con la reconstrucción que vamos a llevar a Europa planteamientos ideológicos que tenían en su LOMLOE un poco por lo bajinis e intentando prepararse el terreno. Es absolutamente irresponsable e improcedente porque son dos debates distintos. En el tema de la LOMLOE nosotros hemos sido claros. Es una malísima ley. Primero desde el punto de vista técnico porque es parche sobre parche y sobre parche de una ley de hace 30 años, que es la LOGSE, que no responde a las necesidades de la sociedad. Además, está mal hecha, con una técnica de incrustado que ha generado una maraña. En tercer lugar, no aporta ninguna solución a lo que necesitamos. Y en cuarto lugar, está metida a rodillo, sin consenso y trampeando, porque no la han llevado al Consejo de Estado para que tenga unas garantías jurídicas y porque no la han negociado con ningún grupo parlamentario. Hay que hacer una reforma educativa con consenso, y ese consenso debe apoyar una reforma educativa buena. Nos gustaría que el Gobierno rectificara y planteara, como hemos pedido nosotros –aunque también puede haber otras maneras–, una mesa de trabajo donde, en ese diagnóstico compartido por todas las fuerzas políticas de cuáles son los problemas de la educación, se intente buscar soluciones también compartidas. Si el planteamiento de ley educativa es el que ha hecho Celaá con la LOMLOE, es prácticamente imposible que nosotros apoyemos eso porque es malo.

P.– En su discurso del pasado 17 junio defendiendo la enmienda de devolución de la LOMLOE, usted dejó una puerta abierta a la negociación con el Gobierno, aunque no pareció muy optimista.

R.– La puerta de Ciudadanos a la negociación en educación nunca se ha cerrado con ningún grupo político. Y la prueba es que hemos registrado la petición de constituir un pacto por la educación en todas las legislaturas desde que llegamos al Parlamento. Por tanto, apertura a la negociación y al consenso, siempre y con todas las fuerzas políticas. Pero esta ley que presenta Celaá no es producto de ningún consenso; es una imposición.

P.– ¿Y las declaraciones de la ministra mostrándose convencida de que el trámite parlamentario mejorará la ley?, ¿le convencen?

R.– Es que mejorar esa ley no es difícil. Porque es una chapuza. Es tan mala que, a poco que se cambien tres palabras, va a mejorar. Pero la solución no es ésa. La solución pasa por constituir una mesa de trabajo con todas las fuerzas políticas porque todas compartimos un mismo diagnóstico y es que precisamos una reforma educativa de calado. Y hay 14 puntos que determinamos hace dos años en la Subcomisión del Pacto por la Educación que son los puntos donde hay que trabajar. Hasta ahí llega el consenso.

P.– Pero en política, las grandes decisiones exigen renuncias a todos, y la experiencia nos dice que hasta ahora el consenso ha sido imposible y que la educación se utiliza como arma política. ¿Es tan descabellado para Ciudadanos aceptar “una mala ley” –empleando sus palabras–, con tal de no estar otros 20 años asistiendo a este triste espectáculo a costa de la educación? ¿No aceptaría Ciudadanos la LOMLOE si el Gobierno accediera a modificar los artículos más lesivos, los que afectan a los derechos constitucionales?

R.– Ciudadanos no ha venido a conformarse con el mal menor en educación. En educación no podemos conformarnos con el mal menor. Ciudadanos no está dispuesto a pactar con el PSOE la LOMLOE. Estamos dispuestos a pactar con el PSOE una reforma educativa de consenso. Quitemos las cuestiones identitarias e ideológicas y hagamos una reforma. Podemos hacerla perfectamente. Si abren la ponencia de ley y se sientan a negociar un cambio de arriba abajo, se sientan a negociar y a trabajar punto por punto como hicimos con el pacto educativo y empezamos a trabajar las cuestiones técnicas, como la estructura del sistema, un currículum de acuerdo a las competencias que la sociedad nos exige, la financiación, el papel de la Alta Inspección para garantizar la igualdad, que es lo que marca la Constitución, mecanismos de coordinación supra autonómicos para que no haya desigualdades… Ahí encontrarán a Ciudadanos. Pero, ojo, que es necesario que estén todos los grupos, no sólo Ciudadanos.

P.– El pasado 17 de junio, en el Congreso, pidió a la ministra la congelación del periodo de presentación de enmiendas parciales. El Gobierno no lo congeló, pero lo postergó hasta septiembre. ¿Es un gesto?

R.– Eso ha sido porque llega el periodo estival. Si hay voluntad de consenso, que nos llamen a los grupos políticos y a la comunidad educativa y nos sienten a trabajar; no a hacer discursos con eslóganes, no: a trabajar y a ver punto por punto en qué puede haber acuerdo. Cuando en la subcomisión del pacto el PP y yo nos quedamos votando después de que el PSOE se hubiera levantado, votamos a favor de muchas propuestas que habían presentado el PSOE, ERC, PNV, PdeCat… ¿Por qué no seguir trabajando de esa manera?

P.– Si no ocurre nada de eso, y el Gobierno mantiene el rumbo fijado hasta ahora con la LOMLOE, ¿cómo ve la aritmética parlamentaria? ¿Podría llegar a tener apoyos suficientes para salir adelante? Siempre teniendo en cuenta que el Gobierno debe sacar adelante unos Presupuestos y que éstos suelen usarse como moneda de cambio habitualmente.

R.– No soy capaz de vaticinar lo que puede ocurrir. Lo que sí está claro hasta este momento es que la ley recoge supuestos que han trasladado al dictamen de reconstrucción en el ámbito social, en la parte de educación, y que se han quedado solos. Puede ser un indicio de que no van por buen camino, y de que la visión que tienen de la educación no la comparte la mayoría de los españoles, independientemente de los postulados políticos que tengamos.

P.– ¿Ha presentado Ciudadanos enmiendas parciales al proyecto de ley?

R.– No. Las tenemos preparadas, pero estamos esperando a que congelen la tramitación de la ley. Yo quiero una ley de educación y una reforma educativa, pero la ley que plantea Celaá no es la ley que nuestro país necesita.

P.– Entonces Ciudadanos tiene esperanzas de que se congele el trámite de la LOMLOE…

R.– Tenemos la esperanza de que el PSOE tenga una luz de sentido común y siente a trabajar a la comunidad educativa y a las fuerzas políticas para hacer una buena ley.

P.– ¿Y ve indicios para tener esa esperanza?

R.– De momento no. Y, de hecho, se han llevado la parte más sectaria de la LOMLOE a la Comisión de la Reconstrucción, donde no había ninguna necesidad de meter esos postulados. Las intenciones no parecen buenas, pero lo último que se pierde es la esperanza. Espero que recapaciten y escuchen a los grupos políticos.

P.– No podemos olvidarnos del curso que viene. ¿Qué prioridades hay que abordar en la preparación del curso académico sumido en semejante incertidumbre?

R.– Hay dos cosas fundamentales que ya le pedí a Celaá hace cuatro meses y que no ha hecho. Primero, hay que planificar una vuelta a la presencialidad en condiciones de seguridad sanitaria y de igualdad en todos los territorios. Todos los niños, sin distinción, se han quedado sin ir al cole. Y sabemos que la ausencia de presencialidad va a tener repercusiones, no sólo a corto plazo, sino que hay estudios que hablan de efectos visibles de aquí a 30 años y que tienen que ver con la bajada del nivel educativo y por las desigualdades que se generan por la no presencialidad. Creo que la ministra no puede lavarse las manos y dejarlo en manos de las CCAA y de los propios centros, que se van a ver en una situación de inseguridad jurídica muy grande. Deberían estar trabajando muy seriamente, como deberían haber hecho con el asunto de los refuerzos estivales y no han hecho. Andalucía ha demostrado que se puede hacer.

En segundo lugar, es urgente que haga un estudio con un diagnóstico claro y real de las repercusiones que ha tenido la educación remota de emergencia que hemos tenido, y preparar al sistema con un plan de contingencia para que esta educación remota de emergencia funcione bien en caso de una nueva crisis.

También le he pedido a la ministra que se haga un repositorio claro y ordenado a disposición de todos los docentes y todas las CCAA, que marque los objetivos y las fórmulas de evaluación, para que no vuelva a pasar lo que ha pasado; hacer un plan de formación urgente para el profesorado y para las familias porque la brecha de desigualdad se ha ampliado en gran parte por las circunstancias familiares vividas. Y también hay que garantizar la conectividad a internet y los dispositivos necesarios en cada hogar en caso de que los niños tengan que volver a estar confinaos. Todo eso debe formar parte de un plan de contingencia que tendría que estar listo el día que regresemos a la escuela tras las vacaciones.

P.– ¿Todo esto le parece razón más que suficiente para paralizar la ley?

R.– Es de perogrullo. En qué cabeza cabe que, en una situación como la que estamos, se plantee abrir un melón de una reforma legislativa que afecta la estructura del sistema, cuando no sabemos si los niños van a poder volver a estudiar ni cómo en el curso que viene. Lo que toca ahora es organizar, con las CCAA y con los grupos políticos, que los niños no pierdan más de lo que han perdido y que no se generen más desigualdades.

P.– Es muy probable que dentro de unos días, cuando salgan las notas de la EBAU, volvamos a oír hablar de las desigualdades territoriales en el acceso a la universidad. Este año, además, se añade la disparidad autonómica de criterios para evaluar 2º de Bachillerato, donde ya sabemos que ha habido más aprobados que otros años. ¿Qué dice Ciudadanos?

R.– Que Celaá ha faltado a su palabra. Se comprometió a hacer una comisión para estudiar la desigualdad en el acceso a la universidad y esa comisión no se ha reunido ni ha hecho absolutamente nada. Demuestra que al PSOE las desigualdades no le importan. Aquí estamos hablando de una cuestión que condiciona el futuro de la gente, de chicos y chicas que han estado esforzándose para ser lo que quieran ser y que se les frustra porque no hay equidad en la evaluación. Es profundamente antidemocrático y pido a todas las fuerzas políticas que piensen en las repercusiones que tienen en las personas este sistema de evaluación. Es una cuestión de justicia social. ¿Cómo podemos hablar de la educación como ascensor social si estamos generando unas segregaciones brutales en función del territorio en el que vivamos?