• Profundo conocedor de la FP en España y en Europa, el secretario general de CECE analiza el alcance del anteproyecto de ley presentado por el Ministerio, los cambios que conlleva en el sistema y el gran esfuerzo de diálogo social que tiene por delante su desarrollo.
• Cuestiona la viabilidad de que toda la FP sea dual –»ni siquiera en Alemania lo es»– y se pregunta qué pasará con el alumnado que no encaje con la empresa.  
• Su valoración es positiva, sobre todo por la corresponsabilidad formativa de la empresa y por la internacionalización de la formación y su encaje con la política de competencias de la UE.

Pocos expertos en FP hay en España, y muy pocos con el conocimiento tan amplio y profundo que tiene Santiago García, secretario general de CECE. Conoce los problemas, limitaciones y necesidades de los centros –fue profesor y director durante 16 años–, del profesorado, de las empresas, de las administraciones; el perfil cada vez más diverso del alumnado, las legislaciones autonómicas, los diferentes desarrollos de la FP Dual, las convalidaciones para la Universidad… Sigue muy de cerca los debates sobre FP que tienen lugar en el seno de la Comisión Europea y sabe bien cómo funciona la Formación Profesional en el resto de países europeos, incluidos esos a los que se mira con admiración porque sus jóvenes se decantan por la FP más que en el nuestro. Entre 2016 y 2018 fue presidente del Foro Europeo para la Formación Técnica y Profesional (EfVET), organización europea de centros de Formación Profesional que agrupa a más de 1.500 centros en 24 países, y participó en los grupos de trabajo de la Comisión Europea y el Cedefop en materia de Formación Profesional. En España es miembro del Consejo de Formación Profesional de la Comunidad de Madrid y de las comisiones de Educación y Formación de CEOE y CEIM.

Su valoración del anteproyecto de ley de FP que ha presentado el Gobierno es positiva, aunque no está exenta de cautelas por el largo recorrido regulatorio y de diálogo social que tiene por delante la ley (una vez sea aprobada) para que la FP que propugna sea una realidad. Una carrera de fondo que va a requerir un gran esfuerzo de cambio de mentalidad en los diferentes agentes implicados, que son muchos: administraciones autonómicas, empresas grandes y pequeñas, colectivos empresariales (patronales sectoriales, cámaras de comercio, agrupaciones gremiales y de pequeños productores…), sindicatos, docentes, centros de FP y hasta universidades.

El experto recela de la pretensión de que toda la FP sea dual y de las diferencias entre sus dos modalidades: en una, el aprendiz tiene contrato y remuneración, y en la otra no; en una, la empresa asume hasta el 20% del currículum para impartirlo, y en otra hasta el 40%. Su gran duda es si el sistema podrá llegar a garantizar que todo el alumnado haga formación dual real, y también qué pasará con el alumnado que no encaje con la empresa o con las empresas convenidas con el centro. Porque una de las múltiples novedades que introduce el Gobierno es que la empresa podrá seleccionar al alumnado que forma.

P.– En primera lectura, ¿qué opinión le merece el anteproyecto de ley de FP?
R.– Es una ley que reordena completamente el sistema de Formación Profesional y lo describe, integrando los dos sistemas que había hasta ahora: el educativo y el de formación para el empleo. Rompe con la ley de cualificaciones 5/2002 –de hecho, la deroga–, y cambia el lenguaje y la estructura del sistema para adecuarlo, además, a las tendencias europeas y a las políticas de la Comisión Europea en materia de FP. Puede que lo haga con un lenguaje un poco farragoso y que haya introducido una estructura que puede dar lugar a equívocos entre los que conocemos el sistema.

P.– ¿En qué aspectos resulta farragoso?
R.– En la nomenclatura de “grados” en función de los niveles de competencia adquiridos. Cuando ya estamos hablando de titulaciones de grado medio y grado superior, hablar de grados para referirnos a otra cosa puede resultar confuso. El título de grado, tanto medio como superior, sería un “grado D”. No me parece la terminología más acertada.

P.– En este sentido, ¿cómo entendemos ‘ese grado A’ de acreditación de competencias en el nivel más bajo?
R.– Eso son las microcredenciales o microformaciones que está promoviendo la UE. Ahora mismo hay una consulta abierta en la Comisión Europea sobre la introducción de las microcredenciales en la enseñanza superior. En este sentido el anteproyecto se alinea con Europa. Pero también en otros.

P.– ¿Se refiere a los dobles grados internacionales?
R.– En general, todo lo referente a la internacionalización de la FP es muy importante en esta ley, está muy acertado y es muy necesario. Da carta de naturaleza a lo que ya está haciendo y a cosas que la Comisión Europea está impulsando mucho, como son los dobles grados internacionales. De hecho, hay un proyecto muy potente en Europa llamado Joint Qualifications (Cualificaciones conjuntas) para promover que entidades de varios países hagan currículos conjuntos que conduzcan a títulos válidos en esos países.

P.– ¿Le parece una ley completa? ¿Echa en falta algo importante?
R.– Es una ley muy ambiciosa. Describe un sistema innovador, flexible, que responde a las necesidades de cualificación de la población tanto joven como adulta, y se adecua a las necesidades del mercado laboral. Pero precisamente por ello va a requerir un gran esfuerzo de todas las partes implicadas en entenderlo bien, en desarrollarlo bien y en ponerlo en práctica. Va a necesitar un gran esfuerzo normativo y un gran esfuerzo de pedagogía y de cambio de mentalidad de todos los actores implicados: las empresas, los centros, los docentes y todos los que participan en el sistema. Sólo el hecho de que la empresa esté implicada en la formación, en lo que hay que enseñar, ya es un desafío complejo. Y no digamos pretender que toda la formación sea dual. Habrá que ver… Ni siquiera en Alemania toda la Formación Profesional es dual. En definitiva, es un buen punto de partida que requiere un esfuerzo normativo enorme y mucho trabajo de desarrollo con muchos agentes. Para que esta ley tenga éxito el diálogo social es crucial.

P.– Dentro de que toda la formación sea dual, hay dos niveles de ‘dualidad’ o de intensidad de la formación en empresa. ¿Representa eso también una complejidad?
R.– Está la dual general y la dual avanzada o en alternancia. La general es casi como el módulo de FCT de ahora, aunque puede llegar a tener hasta 700 horas. La gran diferencia con la FCT es que la empresa no es sólo un sitio donde hacer prácticas, sino que asume e imparte hasta un 20% de los resultados de aprendizaje fijados en el currículum de la titulación. Ahora bien, en esta ‘dual general’ el estudiante no tiene contrato ni remuneración, cosa que sí que va a ocurrir en la ‘dual avanzada’. Así que es un poco forzado decir que esa dual general es dual.

La dual fetén es la ‘avanzada’ o ‘en alternancia’, en la que el estudiante es un aprendiz con contrato, alta en la seguridad social y remuneración. Es decir, el modelo alemán. La empresa asume hasta un 40% de los resultados de aprendizaje, y entre un 35% y un 50% del tiempo total de formación. Pero claro, la contratación no es algo que puedan asumir las empresitas pequeñas, así que pretender que todos los estudiantes sean aprendices con contrato es imposible. De ahí que, para poder decir que toda la FP será dual, se haya hecho ese apaño de combinar dos velocidades de dual.

P.– También hay CCAA donde los aprendices no tienen contrato, sino beca de la Administración.
R.– Sí, y ahora esa posibilidad quedaría eliminada por ley. A ver cómo responden las empresas cuando les digas que tienes que contratar al alumno para tenerlo en dual. Es uno de los ejemplos de cambio de mentalidad que requiere esta ley.

P.– ¿También para los centros representa un desafío?
R.– Desde luego. Ceder parte de la formación a la empresa también puede despertar alguna reticencia entre los docentes y precisará un proceso de adaptación. Pero precisamente ésa es una de las mejores cosas de la ley: la corresponsabilidad formativa de la empresa y el refuerzo de la conexión entre el mundo de la empresa y el mundo educativo.

P.– ¿Cómo será la participación de las empresas en el diseño de las competencias y de los currículos? ¿Qué significa que asumirá hasta el 40% de la formación y de los resultados de aprendizaje?
R.– La empresa participará en la definición del currículo, formará parte de los grupos de trabajo de detección de necesidades formativas de los perfiles profesionales, pero eso es es un momento anterior, inicial, cuando se crean esos estándares de competencia. Eso ya se hace ahora en la creación de las cualificaciones: hay una fase de contraste externo donde participa el sector empresarial. En lo que se refiere a la impartición, esos porcentajes de hasta el 20% o el 40% de los que habla el anteproyecto son la parte del currículo –ya predefinido– que asume la empresa. Es decir, la empresa se sienta con el centro educativo y se reparten el currículo, viendo los resultados de aprendizaje o módulos que se impartirán total o parcialmente en la empresa. Deciden juntos, por tanto, qué enseña la empresa de lo ya establecido en el currículo.

P.– Si bien la empresa formará al alumno, la evaluación del alumno seguirá en manos del centro educativo.
R.– Sí. A lo contrario se habrían opuesto los centros tajantemente. El tutor de empresa podrá estar en la sesión de evaluación del alumno, pero no es obligatorio. Lo lógico es que el centro lo escuche, pero la evaluación es del centro. Claro, hay que decir que en países como Alemania lo tienen mejor resuelto porque los estudiantes de cada titulación, independientemente de la empresa que los haya formado pasan un examen externo y es el mismo para todos; y es la mejor manera de garantizar unos estándares de formación en las empresas de cada sector.

P.– ¿La ley deja claro cómo ha de hacerse ese ensamble curricular entre el centro y la empresa? ¿Cómo se validarán, se acreditarán o se homologarán administrativamente esas competencias y esos contenidos que decidirá la empresa?
R.– El anteproyecto dice quién tiene que hacer qué, pero hay muchos procesos que aún tienen que ser regulados. Por ejemplo, todo eso que señalas sobre la participación de la empresa en la definición curricular y en la evaluación de lo que enseña. Y habrá que tener en cuenta también que, al fragmentarse tanto las cualificaciones en sus unidades de competencia o –según la nueva denominación– en sus estándares de competencias, tendremos un catálogo con miles de estándares competenciales. Todo eso hay que hacerlo primero. Luego, todo eso pasa a ser un catálogo modular, mediante agrupaciones de esos estándares de competencias. Y luego vamos a tener un catálogo de oferta, donde cualquiera vea qué puede estudiar. Todo eso es un trabajo ingente, y hay que hacerlo muy bien, y en colaboración con las CCAA. Y más cosas: los registros de centros, que serán de dos tipos y que también habrá que regular normativamente: unos pueden impartir los grados D y E; y otros, los grados A, B y C.  También va a haber un registro donde queda acreditado lo que vas estudiando: igual que el certificado de vida laboral, tendremos un certificado de vida formativa. Y, por otro lado, estará el registro de acreditación de competencias profesionales… En resumen, que, una vez se apruebe, habrá una cascada normativa que regule todos esos instrumentos del sistema que describe la ley.

P.– Supone todo esto crear un sistema burocrático de acreditaciones y certificaciones de microcompetencias, módulos y títulos de proporciones descomunales.
R.– Pero no partimos de cero. Por ejemplo, el catálogo de cualificaciones con sus unidades de competencias lo tenemos, y hay que trocearlo en esas unidades más pequeñas y renombrarlas como estándares de competencias en el nuevo catálogo. 

P.– ¿Habrá que cambiar los currículos de las titulaciones?
R.– Habrá que hacer currículos nuevos, no sólo de los títulos nuevos, sino de todos, revisar y redefinir todo el catálogo de títulos… Habrá que regular la autonomía de los centros y la cesión de parte del currículo a la empresa… Habrá que regular las acreditaciones parciales de competencias, la enseñanza de idiomas, cómo se van a favorecer los proyectos internacionales, cómo se harán los dobles grados europeos; cómo serán los contratos de los aprendices, que eso depende de Empleo y requerirá mucho diálogo entre los agentes sociales. La ley dice lo que hay que hacer y lo describe, pero luego hay que hacerlo.

P.– ¿No sirve el contrato de formación y aprendizaje que tienen algunos aprendices en la actual formación dual?
R.– Se considera que ese tipo de contrato tiene una serie de limitaciones que impide que sea el instrumento adecuado para lo que se pretende. Si es ése el contrato que se va a mantener, hay que darle una vuelta. Y, si no, hay que crear uno nuevo y hay que definirlo muy bien, y para eso tiene que haber mucho diálogo social con el Ministerio de Empleo.

P.– Otra desafío que habrá que superar es la la regulación del tutor de empresa, figura clave en la corresponsabilidad formativa de la empresa. Habrá que regular su dedicación, horas, salario, incentivos, capacitación…
R.– La ley sólo menciona sus cometidos, y aspectos como que puede haber un tutor para varias empresas pequeñas, o que puede ser consultado por el centro educativo para la evaluación del alumno… Pero habrá que definir su estatus laboral, si va a necesitar estar acreditado, si va a haber un registro de tutores de empresa, quién puede ser tutor de empresa: por ejemplo, en otros países, el tutor de empresa tiene que tener una cualificación acreditada para ello. Habrá qué ver qué ocurre en el caso de las micropymes; en su participación jugarán un papel importante lo que la ley llama “entidades intermedias”, las asociaciones sectoriales y territoriales, los clusters de empresas… A ver, que eso ya se está haciendo también, que hay asociaciones de pequeños productores metidas en FP dual, pero son proyectos muy concretos, y es importante que esa participación de las pequeñas empresas esté recogida en una ley y se regule para que se extienda y crezca.

P.– ¿Y es viable que la empresa seleccione al alumnado? Porque ahora eso es así en muchos casos, pero la FP dual es minoritaria. ¿Qué pasará si toda la FP es dual y la empresa elige?
R.– Esto es un punto que los centros no van a encajar bien porque ya les genera problemas ahora. ¿Qué va a pasar si hay alumnos que no encajan en la empresa? Si la empresa rechaza a un alumno, ¿qué haces con él? La cuestión es que, a lo mejor, no toda la formación tiene que ser dual. Quizá no todo el alumnado encaje bien con la dual. Ahora mismo los centros pueden tener a un grupo en dual y a otro de la misma titulación en no dual, y a algún alumno que se caen de un sistema al otro. No es baladí este asunto porque puede dar problemas. Por eso a mí me parece que esa dual que la ley llama “general” se va a parecer mucho a la FCT que tenemos ahora.

P.– ¿Da la ley opción de crear módulos o enseñanzas optativas o de libre configuración a los centros o a las CCAA?
R.– Sí, y ésa es otra cosa que hay que regular y que hasta ahora no existía: la optatividad del alumno. El anteproyecto señala que los ciclos tendrán una organización modular y que habrá módulos profesionales asociados a uno o varios estándares de competencia, como hasta ahora; módulos asociados a habilidades transversales –las soft skills, que son tan importantes– y módulos específicos vinculados a la optatividad.

P.– La flexibilización también afecta a la duración de los estudios, que hasta ahora era algo que nos diferenciaba de Europa, ¿no?
R.– Los ciclos formativos de grado superior pueden durar hasta 3 años. Ya hay proyectos de FP dual de tres años en España, pero son proyectos muy puntuales, y la nueva ley favorecerá que haya más proyectos así.

P.– ¿Y cabe la posibilidad de que en el trámite parlamentario se desinfle alguna pretensión precisamente por la necesidad de flexibilizar la regulación y dar cabida a todos los intereses y necesidades? Pienso, sobre todo, en las CCAA.
R.– Una ley orgánica de ámbito estatal debe ser lo suficientemente genérica como para dar cabida a los reglamentos autonómicos y, sobre todo, a lo que ya funciona bien en las CCAA. Por ejemplo, en Madrid la formación dual se hace en un régimen de 1+1, un curso en el centro y un curso en la empresa. La ley dice que la formación ha de ser dual en los dos cursos y que el régimen de alternancia será en intervalos diarios, semanales o mensuales, pero añade que excepcionalmente podrán ser intervalos anuales. Es decir, deja la puerta abierta.

P.– ¿Cómo ve la integración que propugna con la Universidad?
R.– Pues que aquí se están publicando cosas que no son. En ningún sitio la ley habla de que vaya a haber asignaturas comunes. La ley habla de promover nuevos modelos de relación que permitan desarrollar proyectos de actuación conjuntos y de que la Universidad puede participar en el diseño de módulos optativos del grado superior con vistas a que luego tengan su reconocimiento en créditos para los alumnos que quieran pasarse a un determinado grado universitario de esa universidad.