Tiana asegura en el Congreso de CECE que trabajará «por el acuerdo» y CECE le pide credibilidad con hechos
El secretario de Estado de Educación y Formación Profesional, Alejandro Tiana, acudió a Valencia este jueves, a inaugurar el 46º congreso de los colegios de CECE, pocas horas después de que trascendiera el documento de propuestas el Ministerio para la reforma de la LOMCE. Para los representantes de la concertada reunidos en el Congreso de CECE, lo que escucharon a Tiana no casaba mucho con las medidas de su documento.
El número 2 del Ministerio se manifestó “seguro” de que llegarían a “acuerdos”, pese a reconocer “discrepancias” de bulto, y se comprometió a “trabajar por alcanzar el máximo acuerdo posible”. Además, se mostró firme al sostener que “no sobra nadie en la tarea educativa”, en coincidencia con la afirmación que minutos antes había proclamado el presidente de CECE, Alfonso Aguiló.
Sin embargo, el documento de propuestas de la nueva legislación que había presentado a la comunidad educativa poco antes de este discurso reunía los mismos planteamientos que el Ministerio había hecho públicos antes de recibir las propuestas y demandas de la comunidad educativa en el periodo de consultas previo.
El Gobierno mantiene la medida de “eliminar las referencias a la demanda social” en relación con la programación de la enseñanza, que es, precisamente, lo que los representantes de la concertada han pedido que no haga. Se lo han reiterado en público y también en las reuniones en privado: la última el pasado lunes.
El presidente y el vicepresidente de CECE se reunieron el pasado 5 de noviembre con la ministra Isabel Celaá y el secretario de Estado Alejandro Tiana.
De entrada, para CECE el Gobierno no ha sido sensible a las peticiones de la escuela concertada. En conversación con Actualidad Docente, Alfonso Aguiló incide en que la credibilidad de las promesas depende de los actos, y de momento, cree que el documento de bases choca con las promesas. No obstante, Aguiló prefiere la prudencia a amplificar el alarmismo y el malestar que ya hay entre los responsables de los centros concertados, por lo que espera a ver cuáles son los siguientes pasos del Ministerio en ese sentido de “trabajar por el acuerdo” que subrayó el secretario de Estado.
Las medidas anunciadas son las primeras “propuestas” formales y explícitas del Gobierno después de sus anuncios de reforma. Pero son eso, “propuestas”, que, además, están enmarcadas en un contexto y en un momento políticos ineludibles.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que en el texto del Ministerio la decisión tajante de “eliminar la demanda social” viene rodeada de expresiones que podrían albergar expectativas de que haya un reconocimiento indirecto al derecho de las familias a elegir colegio de acuerdo a sus criterios y una llamada a las administraciones (que no obligación) de que lo tengan en cuenta. Veamos lo que dice el Ministerio:
“Recuperar una formulación no restrictiva del papel de los poderes públicos en la programación general de la enseñanza y eliminar las referencias a una demanda social, que, en todo caso, debe ser conocida en el marco de dicha programación».
Puede significar esto que las Administraciones tienen la obligación de conocer la demanda social escolar y que son libres de decidir si la escuchan o no.
Si el Gobierno mantuviera esta fórmula parecería que está diluyendo la responsabilidad de gestionar la demanda social en cada comunidad autónoma, liberando así a la legislación estatal de lo que, políticamente, para el PSOE es un punto de conflicto ideológico.
Para CECE, que el Ministerio se lleve por delante el reconocimiento de la demanda social en la legislación estatal es un atropello a la libertad de los ciudadanos a una educación plural y a elegir la educación que quieren para sus hijos; un retroceso en estos tiempos y siendo España un país de la Unión Europea, según señala Alfonso Aguiló en esta entrevista con Actualidad Docente y según recordó en la inauguración el congreso de CECE ante el propio Tiana.
El documento de bases del Ministerio alega que el objetivo de reformar el bloque dedicado a los conciertos es “mejorar el sistema de admisión con el fin de que diversos colectivos se vean reflejados en los criterios de baremación y eliminar los elementos discriminatorios derivados de la especialización de centros, recuperando plenamente, para los poderes públicos, el mandato constitucional de la programación de la enseñanza”.
En este punto, CECE reclama al Gobierno garantías para que los poderes públicos no cierren aulas concertadas llenas o gasten fondos públicos en construir colegios públicos allí donde ya hay un concertado que satisfaga la demanda de las familias.
Mayor control en la admisión
El Ministerio también modificará los criterios de baremación en la admisión de alumnos y hará “efectiva la participación de los representantes de la comunidad educativa en los órganos de supervisión de los procesos de admisión”.
Añade, por otro lado, que la legislación evitará “cualquier efecto segregador derivado de la aplicación de programas de enseñanzas plurilingües”. Aunque habla de esto en relación con la concertada, el mismo riesgo de que ocurra esa supuesta “segregación” se da en la enseñanza pública.
El documento del Ministerio también aborda otro punto sensible para muchos colegios concertados: la asignatura de Religión.
En este sentido, Isabel Celaá ha mantenido su decisión de dejar la asignatura de Religión sin alternativa, lo que, en opinión de Alfonso Aguiló, deja la Religión en una condición de materia “extraescolar”, según manifestó en el congreso de CECE. En cambio, el presidente de CECE pareció dispuesto que la nota de esta asignatura no compute en el expediente académico, tal y como establece hoy la LOMCE.
