La concentración del alumnado más pobre en determinados colegios, mayoritariamente públicos suele despacharse con apriorismos ideológicos y eslóganes breves: «La concertada es elitista», «selecciona al alumnado», «cobra cuotas abusivas» y «desvía a las familias pobres a la pública». Pero esas consignas cada vez tienen menos recorrido porque cada vez hay más información y más investigaciones; y se sabe que las cuotas son voluntarias, que van destinadas a compensar la infrafinanciación pública; que las familias con los dos progenitores trabajando (luego con más ingresos) se ven obligadas a elegir colegios con jornada partida, comedor y servicio de extraescolares por la tarde (características que no tienen todos los públicos), y también que la condición socioeconómica del alumnado condiciona sus resultados hasta cierto punto y que la mayor equidad depende, en gran medida, de la calidad del proyecto educativo y la atención y el apoyo al alumnado más vulnerable.
De todo esto se habló en el 48º Congreso de CECE, (Madrid, 22-23 de octubre) gracias a los tres investigadores que participaron en un debate sobre segregación escolar y equidad con el rigor de los datos reales en la mano y una verdadera intención de dar con soluciones realistas. Fueron Lucas Gortázar, director de Políticas Educativas en ESADE; Álvaro Ferrer (responsable de Educación en Save the Children), e Ismael Sanz, economista de la educación y vicerrector de Calidad, Ética y Buen Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos.
Conducidos por la presidenta de Fundación Trilema, Carmen Pellicer, los tres expusieron los datos públicos que reflejan la concentración de alumnado en función de su nivel socioeconómico (mayor en colegios públicos de Madrid, en Primaria) y los índices de equidad educativa (en los que España sale bien puntuada por la OCDE).
Para Álvaro Ferrer, el hecho de que en un congreso de colegios mayoritariamente concertados se hablara abiertamente de «segregación» ya era un «gran paso» para la búsqueda de soluciones. Siempre crítico con el cobro de cuotas voluntarias en los colegios, Ferrer admitió públicamente que estaban llamadas a cubrir la infrafinanciación pública de los colegios concertados, que reciben menos dinero público por alumno que los centros públicos.
Pero también se expusieron datos que relacionan una mayor concentración de alumnado vulnerable en centros públicos sin comedor y sin extraescolares, que hay CCAA que sólo dan becas de comedor para estudiar en colegios públicos, y que el fenómeno de la segregación se disuelve en Secundaria; es decir, al pasar a la ESO, el alumnado vulnerable está más repartido entre pública y concertada.
Entre todos, sumaron propuestas que podrían combatir la llamada segregación y con ello -hasta cierto punto- mejorar la equidad del sistema.
«Podemos hacerlo por diálogo o por competición», dijo Álvaro Ferrer. «Si enfrentamos a pública y concertada, la que pierde es la equidad».
Tanto él como Gortázar abogaron por las políticas de planificación escolar centradas en regular la oferta más que la demanda, y siempre que no se restrinja la libertad para elegir colegio de las familias y la igualdad de condiciones para elegirlo. «Hace falta intervención de la Administración para desegregar«, dijo Gortazar. «Y también intervenir antes de que se formen guetos».
Ambos convinieron que la financiación pública debe garantizar la gratuidad de la enseñanza concertada, así como invertir en una mejora de la calidad de los centros con menor demanda, y de los servicios extraescolares (desayuno, comedor, actividades, permanencia), para que haya una «equivalencia» en toda la oferta sostenida con fondos públicos. «Si avanzamos en financiación acorde a servicios, avanzamos en orientar el debate con un mismo criterio», apuntó Lucas Gortázar. «Ahora bien, todo depende de si objetivo de las políticas públicas es hacer una verdadera labor de fontanería, o es más una política de eslogan».
También se puso sobre la mesa que las becas y ayudas vayan sujetas al nivel de renta de cada familia y no al colegio que elige (si no, los que menos tienen sólo pueden elegir la escuela pública)
Ferrer abogó por que en la adjudicación de plazas se dé más puntos a las familias con menor renta, o que haya listas de vacantes diferentes para diferentes niveles de renta y así cada familia compite con las de su baremo de renta.
Lo que todos convinieron es que con la caída de la natalidad la solución no está en crear más plazas públicas, sino en financiar bien las que ya hay. En los lugares de nueva población, Gortázar y Ferrer optaban por crear plazas públicas de calidad, e Ismael Sanz manifestó estar a favor de la cesión de suelo público para un colegio concertado si es lo que la gente demanda.
Para Ismael Sanz, los datos de concentración del alumnado no son tan preocupantes como le parecían a Gortázar y Ferrer, pues los datos de inclusión educativa muestran que España no está tan mal, salvo en Madrid y Cataluña, reconoció. El investigador de la Rey Juan Carlos también expuso que nuestro sistema educativo es de los más equitativos de la OCDE. Para él, la solución está más cerca de la mejora de la calidad de las escuelas -con apoyo y refuerzo de los alumnos más vulnerables, y con el envío de los mejores profesores a los centros con más problemas- que de la intervención pública en el acceso. Es decir, no se trata tanto de repartir alumnos como de mejorar la atención de los centros y, con ello, atraer a esos colegios a alumnado más diverso.
En este sentido, Carmen Pellicer apuntó una máxima de la equidad educativa: «Equidad es la garantía de acceso a la igualdad de oportunidades para un desarrollo pleno. Un niño no puede elegir la familia en la que nace ni el colegio al que va, pero una escuela sí puede elegir que todos sus alumnos se desarrollen en plenitud y lleguen lejos».
Los investigadores también pusieron sobre la mesa la necesidad de evaluar las políticas públicas y las inversiones, así como el potencial intacto que tienen los ayuntamientos para aportar soluciones, tanto de apoyo a los colegios como a las familias.
