• Hablamos con cinco colegios concertados con alumnado “multicultural” y “humilde” que ven en la LOMLOE una clara amenaza a su supervivencia después de décadas dando una educación de calidad y una entrega personalizada al alumnado. 
• “Cuando la izquierda habla de la concertada, no piensa en nosotros. Que vengan a vernos. Aquí nos tienen”, dicen sus directores

La enseñanza concertada no son sólo instituciones de sonoros nombres y arraigada tradición, ni los colegios más recientes que con recelo etiquetan como ‘la nueva concertada’. Hay decenas de pequeños colegios repartidos por ciudades y localidades de toda España que hicieron posible que aquellos nuevos barrios de los 60, 70 y los 80 se llenaran de familias y crecieran. Colegios puestos en marcha por maestras y maestros, y por emprendedores con vocación social que hoy resisten a duras penas la caída de la natalidad y la construcción de centros públicos a su alrededor. El prestigio labrado durante décadas por la calidad de la enseñanza, el seguimiento personalizado de cada alumno y la cercanía con las familias les mantiene a flote frente a la adversidad, pero también son el eslabón más frágil en esta cadena de dificultades para la enseñanza concertada que culmina con la hostilidad de la ‘Ley Celaá’.

Así nos lo cuentan los cinco colegios con los que hemos hablado en Madrid y Valencia, enclavados en barrios obreros con altos niveles de desempleo y altos porcentajes de población inmigrante. “Cuando la izquierda habla de la concertada, no piensa en nosotros”, dice el director del Colegio La Fontaine, en Burjassot, un municipio del de extrarradio de Valencia. Ahora bien, “a quien quiera romper el estereotipo de que la concertada es un negocio, aquí nos tiene; que vengan a vernos”.

Eso mismo, con palabras muy similares, nos lo dicen los otros responsables escolares con los que hablamos en plena vorágine de aprobación de la LOMLOE, la ley de educación que, por un lado, obliga a las administraciones a construir colegios públicos; por otro, impide tener en cuenta la petición de escolarización de las familias, y por otro, directamente prohíbe el concierto a los centros de educación diferenciada.

Juan Carlos Alguacil vio como sus padres ponían en marcha el Colegio La Fontaine en el Burjassot de los años 60. Hoy, en conversación con Actualidad Docente, repasa mentalmente las clases de su colegio y señala que al menos un 10% del alumnado procede de familias inmigrantes. “Tenemos una comunidad internacional y cultural muy variada”, apostilla. Muchos de sus chicos y chicas vienen de “las 613 viviendas”, un barrio que lucha por salir de la marginación gracias el trabajo de varios agentes sociales, entre otros, los colegios.

“No tenemos personal de PT, nos dotan de menos recursos humanos y materiales que a las escuelas públicas y nos exigen lo mismo o más. Gracias al esfuerzo y a la creatividad del equipo docente conseguimos compensar estas carencias y con nota. Vemos cómo siguen viniendo alumnos y cómo se quedan porque saben cómo trabajamos”. Algunos de ellos son hijos de antiguos alumnos, que han elegido el pequeño y familiar La Fontaine frente a centros, públicos, más nuevos y con más recursos.

Las familias no pagan cuotas ni aportaciones voluntarias al centro. Si son socias del AMPA, abonan 17 euros al trimestre. “Este año, con el Covid, no tenemos ni extraescolares. Necesitarían más ingresos, pero no los hay”, cuenta Juan Carlos. “La partida de gastos de funcionamiento que envía la Administración valenciana lleva congelada desde 2008 y eso nos impide tener un mantenimiento y una modernización del centro adecuados”.

También en Valencia, en uno de sus barrios más humildes, encontramos un pequeño colegio de Infantil y Primaria cuyo director prefiere no identificar. “Es un cole de barrio de toda la vida”, define. Casi la mitad del alumnado procede de familias inmigrantes. El único pago que hacen es de 16 euros al mes por el gabinete psicopedagógico. Algunas familias tienen dificultades para pagarlos y acumulan una deuda que el colegio tiene que gestionar con paciencia y mano izquierda.

“Nosotros no tenemos los recursos que tienen los públicos, pero podemos presumir de calidad de enseñanza”, defiende el director. Lástima que la Administración no le concierte unidades en la ESO porque “las familias se quedarían aquí encantadas”. “La mayoría no quiere llevar a sus hijos al instituto y acaba en otros colegios concertados”, cuenta.

Para este director, los concertados pequeños son los que peor parados van a salir con la LOMLOE. “El grande siempre tiene un colchón que le permite aguantar, pero el pequeño tiene mucho más difícil la supervivencia”, señala.

Lo mismo opina Alejandro Company, director del Colegio Europa, propiedad de una cooperativa de profesores en el barrio La Amistad de Valencia.

“Da la sensación de que los concertados grandes tienen más recursos para combatir esa hostilidad; por ejemplo, pueden presentar recursos si les quitan unidades. Pero los pequeños nos sentimos desamparados con esta ley”.

El esplendor del Europa, con 600 alumnos en los años 70, es ya una foto en sepia. Desde 2.000, entre que muchos jóvenes marcharon del barrio, la crisis económica y la apertura de centros públicos, el alumnado fue menguando, según nos cuenta su director. Al colegio lo salvó la inmigración, como a tantos otros. Hoy es “un cole multicultural” y «pequeño”.

“No tenemos apoyo de quien tendría que dárnoslo”, lamenta. “Cuando entró Marzà [el actual consejero de Educación], nos dijo claramente que seguiríamos mientras fuésemos necesarios”.

Los profesores del Europa presentaron a la Consellería un proyecto renovado con Escuela Infantil de 0 a 3, que era su esperanza de supervivencia. Se lo rechazaron.

“Muchas personas con iniciativa y con vocación social hemos invertido toda una vida en levantar y mantener un colegio y, ahora que ya no somos necesarios, no nos quieren”, dice con pesar.

“Y no hay nada más triste que la muerte de un cole”. Descorazonador oír esas palabras en boca de un maestro. “Tuvimos tiempos maravillosos y ahora toca esto”.

“La LOMLOE es una jugada fea”, opina. “Vamos a un monopolio de lo público. Y los monopolios rompen la inquietud, la iniciativa, la creatividad, la innovación… y además la educación queda expuesta al adoctrinamiento de quien gobierne, sea quien sea”.

En Madrid, en Villa de Vallecas, nos encontramos con otro centro “multicultural”: el Mater Amabilis, que nació hace más de 70 años con una finalidad social que aún mantiene. “No olvidemos que colegios como éste y como otros muchos hicieron viable la universalización del derecho a la educación”, señala la directora académica de Secundaria y Bachillerato. Sus clases están llenas, mientras que en algunos centros públicos cercanos sobran plazas.

“Los padres buscan seriedad y quieren un colegio que trabaje muy pendiente del alumnado y que tenga una relación estrecha con ellos. Trabajamos mucho la orientación y educación de los alumnos; y para ello es fundamental la comunicación constante con cada uno y con su familia” explica la directora, que defiende firmemente que “la educación no es un paquete de asignaturas y notas”. “Por ejemplo, un boletín de notas no te dice nada de un adolescente”, sostiene. “En Secundaria el seguimiento personal es clave”.

Dicho esto, esta responsable del Mater Amabilis se pregunta si “el Estado tiene que decir a los ciudadanos cómo educar a sus hijos” o si debe “promover la pluralidad de proyectos educativos y la iniciativa social en educación para que los padres elijan libremente”. Pero lo que más le preocupa de la LOMLOE, además de acabar con la libre elección de centro, es el mensaje de mínimo esfuerzo que está lanzando a niños y jóvenes. “A los padres de mi colegio no les han regalado nada en su vida; todo han tenido que ganárselo con mucho esfuerzo. ¿Qué mensaje les estamos enviando a sus hijos si les decimos que van a pasar de curso hagan lo que hagan?”, señala.

Terminamos nuestro recorrido en el madrileño barrio de Tetuán, en el conocido Colegio San Antonio de Madrid. Conocido porque el 98% de su alumnado procede de familias inmigrantes, procedentes de 18 nacionalidades distintas. Conocido también por sus buenos resultados académicos. Forma parte del Plan Impulsa de la Comunidad de Madrid para integrar al alumnado vulnerable. Su director pedagógico, Luis Sebastián, cuenta que de los 180 alumnos que tiene en Infantil y Primaria, 50 están en compensatoria y 9 tienen necesidades específicas de aprendizaje.

En los últimos años, el San Antonio no ha perdido alumnado, cosa que sí ha ocurrido en otros centros cercanos. Las familias no hacen aportación económica alguna, asegura el director: «Aquí recibimos a todo el que quiere entrar. Los valores de fraternidad y solidaridad los predicamos con el ejemplo».

Consciente de la amenaza que supone la ‘ley Celaá’ para la enseñanza concertada, pero también de la contestación que la norma ha encontrado en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el director del San Antonio se despide con un sencillo: «Esperamos poder seguir trabajando».