Decenas de miles de personas reclaman en 50 ciudades: «En educación cabemos todos y no sobra nadie»

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Ni la inminencia de la irrevocable ley de educación –que se aprueba este 23 de diciembre en el Senado– ni los traslados vacacionales ni los preparativos de Navidad impidieron que cerca de un millón de personas saliera a la calle con sus coches este domingo a protestar por lo que consideran un atropello a sus libertades democráticas en materia de educación.

Era la segunda convocatoria masiva de la plataforma Más Plurales después de la del 22 de noviembre, de las protestas llevadas a cabo durante los últimos dos meses ante el Congreso y ante el Senado, de las quedadas digitales que llevaron al lema #StopLeyCelaá a ser tendencia en redes sociales y de las sucesivas peticiones de diálogo al Gobierno –incluido el propio presidente,Pedro Sánchez– y a los grupos parlamentarios.

La movilización ha embarcado a decenas de miles de ciudadanos de todas las comunidades autónomas, sobre todo vinculados a la educación concertada y a la educación especial, dos pilares fundamentales del actual sistema educativo condenados por la LOMLOE a ir disminuyendo.

«La Ley Celaá impone un único modelo de educación y elimina la libertad de las familias para elegir el tipo de educación que desean para sus hijos», insiste Más Plurales. «La oposición ciudadana a esta ley se ha traducido este domingo en miles de vehículos colapsando las principales arterias de ciudades de todo el territorio español», manifestó en un comunicado emitido tras la celebración de protestas en 50 ciudades, en las que se guardó el orden y las medidas de seguridad establecidas.

Las manifestaciones del 20 de diciembre culminan una campaña de movilización social que comenzó el pasado mes de octubre cuando los partidos en el Gobierno impidieron que la sociedad civil fuera escuchada en sede parlamentaria durante la tramitación de la ley, un procedimiento habitual en la tramitación de leyes, incluidas las educativas.

Si bien todas las iniciativas no han movido un ápice las intenciones iniciales del Gobierno ni una coma del proyecto de ley, sí ha servido para que la ciudadanía conozca a fondo el contenido de la norma y cómo afecta a libertades y derechos fundamentales; para que los partidos en la oposición se movilicen y anuncien recursos de inconstitucionalidad contra la ley, y también para anticipar a los gobiernos autonómicos la contestación social y judicial que pueden llegar a tener en sus territorios cuando apliquen la ley en todo lo referente a la programación escolar.

«Más Plurales avisa de que no se rendirá y seguirá luchando con todos los medios democráticos a su alcance para corregir una Ley contraria a las libertades constitucionales y que, además, pone en peligro el futuro laboral de miles de trabajadores de la enseñanza concertada, de los centros de educación especial y del profesorado de Religión que imparte clases en los centros públicos», señala la plataforma en el comunicado.

El manifiesto leído al término de las manifestaciones de este 20 de diciembre, incidía en eso mismo: «Continuaremos trabajando en todos los foros y ámbitos internacionales, nacionales, autonómicos, políticos y jurídicos, para minimizar las consecuencias negativas de esta ley hasta que se cambie nuevamente y, ojalá en esta ocasión, la novena, sea fruto de un verdadero Pacto Educativo. En educación cabemos todos y no sobra nadie».

Aquí puede leerse el Manifiesto completo:

Manifiesto del 20 DE diciembre de 2020

«Sin dialogo, sin negociación, sin consenso político y social. En medio de una excepcional pandemia mundial que está requiriendo un enorme sacrificio a las familias, alumnado, trabajadores, equipos directivos y titulares de los centros. Con una tramitación parlamentaria exprés en la que, por primera vez, se ha vetado la participación de la sociedad civil. Así es como el Gobierno, desde la imposición, va a aprobar esta Ley. Ni es el momento, ni son las formas. Después de las distintas concentraciones realizadas contra la Ley y la histórica manifestación del pasado día 22 de noviembre en numerosas capitales y ciudades del Estado, el Gobierno no se ha dignado a hablar con la sociedad, despreciando las opiniones y sentimientos de millones de familias y educadores.La LOMLOE tiene una enorme carga ideológica que restringe duramente derechos y libertades individuales y colectivas. Atenta contra la libertad de enseñanza proponiendo una drástica reducción del pluralismo y del derecho a elegir de las familias.

Rechazamos esta Ley con contundencia. También rechazamos las calumnias y falsedades que se están vertiendo sobre la enseñanza concertada, sobre las familias que la elegimos libremente, sobre sus trabajadores y sus titulares con el único propósito de desprestigiar a un sector que contribuye, de forma muy positiva, a la educación y formación de una buena parte de la sociedad. La concertada, la religión, la diferenciada, la educación especial, no son problemas reales del sistema educativo, pero esta Ley quiere su desaparición.

La LOMLOE asigna a la enseñanza concertada un papel absolutamente subsidiario con relación a la enseñanza pública. La programación de la red de centros y la oferta de plazas escolares se hará sin tener en cuenta lo que las familias solicitan y se escolarizará en función de las decisiones e intereses de las administraciones. El derecho de elegir es de los padres y no deben ser las administraciones quienes lo hagan por ellos.

Se afirma en la Ley que el derecho a la educación de todos lo deben garantizar los poderes públicos mediante la oferta exclusiva de plazas escolares públicas ¿Y la concertada? ¿No contribuye al derecho de todos a la educación desde hace más de 40 años? El Estado, la administración, ha de ser subsidiaria de los derechos que tiene las familias, los ciudadanos y no al revés. 

Hoy nos manifestamos de nuevo contra la LOMLOE y a favor de la libertad, la pluralidad y el derecho a elegir. Defendemos y reclamamos:

• Que la sociedad española es diversa, democrática, tolerante y participativa. Por ello, la escuela debe ser también plural, gratuita y universal. Esto sólo es posible si hay diversidad de escuelas con proyectos educativos y pedagógicos propios y se pueden elegir libremente.
• Que la enseñanza concertada posibilita un modelo plural, heterogéneo e inclusivo. Deseamos una educación pública plural y de calidad, pero eso no se logra legislando contra la enseñanza concertada y su diversidad de proyectos.
• Defendemos la pacífica y armónica convivencia de las tres redes: pública, privada concertada y privada. No aceptamos que la LOMLOE permita imponer la distribución del alumnado basada en la planificación arbitraria de la Administración por encima de necesidades reales de escolarización manifestadas por las familias.
• Exigimos al Estado y a las administraciones que cumplan con su obligación de financiar adecuadamente los centros educativos públicos y concertados para garantizar la gratuidad real de ambos, cubriendo sus necesidades materiales y de recursos humanos en igualdad de condiciones, pues ambas redes deben prestar un servicio educativo público de igual calidad al alcance de todos.
• Demandamos que se respeten los derechos y acuerdos internacionales que existen sobre la asignatura de Religión. Es una opción mayoritaria de las familias españolas que la eligen libre y voluntariamente cada año y cuya voluntad debe ser respetada.
• Pedimos al Gobierno una dotación suficiente de recursos para atender a los alumnos con discapacidad en los centros ordinarios y en los colegios de educación especial y que los padres o tutores puedan elegir libremente en qué tipo de centro quieren escolarizar a sus hijos pues ambos son inclusivos.
• Denunciamos que la LOMLOE abandona a los trabajadores y profesionales de la concertada y de educación especial al no introducir ni una sola mejora que permita equiparar y mejorar sus condiciones. La nueva ley debe garantizar financiación suficiente para mejorar las condiciones laborales, retribuciones y jornada de los docentes, personal de administración y servicios y personal complementario de todos los centros de la red concertada y de educación especial.

Se equivocan si creen que vamos a estar callados ante este atropello. Vamos a seguir diciendo NO a la LOMLOE.

Continuaremos trabajando en todos los foros y ámbitos internacionales, nacionales, autonómicos, políticos y jurídicos, para minimizar las consecuencias negativas de esta ley hasta que se cambie nuevamente y, ojalá en esta ocasión, la novena, sea fruto de un verdadero Pacto Educativo. En educación cabemos todos y no sobra nadie.

¡Por nuestros hijos! ¡Por la pluralidad del sistema educativo! ¡Por nuestros proyectos educativos! ¡Por nuestro trabajo! ¡Sí a la libertad de enseñanza! ¡Sí a la convivencia de las redes educativas sin exclusiones ni expulsiones! ¡Sí a la posibilidad de educar, pensar y creer en libertad!
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