• El sistema educativo vuelve a regirse por una ley socialista que, sin embargo, rompe los equilibrios que había construido el propio PSOE

• La octava ley de educación, conocida como ‘Ley Celaá’, fue aprobada en el Senado el 23 de diciembre y publicada en el BOE el 30 de diciembre

Uno de los objetivos prioritarios y urgentes que el PSOE puso sobre la mesa al llegar al poder, tras la moción de censura a Mariano Rajoy, fue derogar la LOMCE y devolver al sistema educativo una ley socialista. Sin embargo, la ley que presentó rompió equilibrios que, hasta entonces, había contribuido a construir: principalmente con la escuela concertada y con la asignatura de Religión.

Si fue en mayor o menor medida por efecto pendular contra la LOMCE o porque perdía millones de votos hacia la extrema izquierda no lo sabremos con exactitud, pero la realidad es que el proyecto de ley que presentó apenas cuatro meses después de llegar al Gobierno no sólo quitaba a la enseñanza concertada y a la libertad de enseñanza la protección que le había dado la LOMCE con el criterio de “demanda social”, sino que promovía su progresiva reducción al consagrar la escuela pública como garante del derecho a la educación. Por otro lado, la Religión, asignatura elegida por más de 3 millones de alumnos, dejaba de contar en el expediente académico y quedaba como una pieza de difícil encaje en el horario escolar al perder su asignatura espejo. (Aún está por ver la complicación que esto supondrá con los acuerdos Iglesia-Estado.) Además, se metió en un charco inédito: sacar a los niños con necesidades educativas especiales de los centros de educación especial elegidos por sus padres para integrarlos en centros ordinarios sin tener en cuenta el deseo de los progenitores.

Dos años después de presentar aquel proyecto de ley, con dos elecciones generales en menos de un año y con Podemos como socio de Gobierno, el Ministerio de Educación volvió a presentar el mismo proyecto de ley y reforzando el control de la Administración sobre el sistema educativo y convirtiendo la programación educativa en una suerte de reparto de niños a criterio de la Administración (incluidos los niños de educación especial). La LOMLOE instauraba una estatalización de la educación inédita en las últimas décadas.

Éstas no son las únicas modificaciones introducidas que afectarán al sistema educativo. Puedes consultar más aquí.

Lo que también ha supuesto un vuelco en la historia de las leyes educativas de nuestro país (y van 8) es la manera de tramitar esta última: con unas prisas que han hurtado el debate parlamentario natural en la aprobación de cualquier ley y la escucha de expertos y sociedad civil en sede parlamentaria. Tampoco la norma fue elevada al Consejo de Estado para su consulta.

Durante la primera y contundente ola de Covid-19, que pilló a la LOMLOE recién aprobada en Consejo de Ministros y recién entrada en el trámite del Congreso, el Gobierno tardó en reaccionar y ampliar los plazos de presentación de enmiendas de los grupos parlamentarios; sólo accedió por aclamación de éstos en los últimos días antes de expirar el primer plazo. Se amplió hasta septiembre, y entonces empezó la carrera, vinculada a la negociación política de los Presupuestos Generales del Estado.

El primer ‘golpe’ fue el veto de PSOE y Unidas Podemos a la comparecencia de expertos y sociedad civil a petición de los grupos. Fue en ese momento cuando los representantes de la escuela concertada, a los que se hurtó la posibilidad de expresarse ante los grupos parlamentarios, unieron sus fuerzas en la plataforma Más Plurales para informar y movilizar a la población contra la ley que iba a aprobarse en el Congreso.

En seguida se dio a conocer que el objetivo del Gobierno era aprobar la LOMLOE antes de fin de año, que el trámite en Comisión parlamentaria duraría apenas un mes y el del Senado apenas otro mes. Las más de mil enmiendas presentadas en la Comisión del Congreso se ventilaron en cinco sesiones maratonianas a lo largo de tres semanas. Los detractores de la ley criticaron que PSOE, Unidas Podemos y sus aliados, ERC, Bildu y PNV,  ni siquiera sabían lo que rechazaban en las votaciones. Apenas se aceptó suprimir la condición del castellano como lengua vehicular y poco más.

Después, el proyecto de ley pasó al Senado y allí en seguida quedó clara la maniobra. Aunque el plazo establecido en la Comisión del Senado para el debate de la ley se había fijado hasta finales de febrero, la LOMLOE tenía que quedar aprobada y promulgada antes de Navidad. Para ello, convencieron a PNV y ERC (los mismos que la respaldaron en el Congreso) de que dieran su apoyo sin presentar enmienda alguna. Las presentadas por el resto se rechazarían de plano en el Pleno del 23 de diciembre y a correr. De esa manera, sin modificación alguna en el texto, la LOMLOE no precisarían volver al Congreso y quedaría definitivamente aprobada antes de Navidad.

No es de extrañar que en el Pleno del Senado del 23 de diciembre, los grupos que no apoyaron la LOMLOE afearan al Gobierno la falta de respeto a las instituciones democráticas y la falta de respeto a la ciudadanía que acompaña a la octava ley educativa de nuestra democracia.

Si a la LOMCE sus detractores le atribuyeron el “rodillo” de la holgada mayoría parlamentaria que tenía el PP, al menos cumplió los procedimientos y los tiempos que precisa una ley orgánica de educación: en la Comisión de Educación del Congreso y del Senado comparecieron expertos y representantes de la comunidad educativa y los grupos parlamentarios pudieron defender sus enmiendas; por cierto, muchas menos que las presentadas a la LOMLOE.

La ley de PSOE y Podemos requería apoyos de otros partidos para salir adelante y fue finalmente apoyada por los independentistas catalanes de ERC y por el PNV. El respaldo llegó a cambio de eliminar la condición de lengua vehicular de la enseñanza al español y de algunos favores en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, clave para la supervivencia del Ejecutivo. Ambas leyes tuvieron una negociación cruzada a finales de octubre de 2020 y ambas leyes han quedado aprobadas en vísperas de Navidad.

Pero, además, está ley pasará a la historia por ser tramitada en plena pandemia de Covid-19, durante el estado de alarma, en plena transformación repentina de la educación de la sociedad y en plena situación de emergencia educativa debido al confinamiento de la población y el cierre de escuelas.

Por todo el rechazo suscitado, la LOMLOE ha nacido con epitafio. Sus detractores políticos aseguran que durará lo que dure el Gobierno de izquierda. Entretanto, su aplicación dependerá de las administraciones autonómicas, en cuyas manos queda la mayor o menor intensidad del ritmo para desbancar a la enseñanza concertada de sus territorios. La Plataforma Más Plurales, que aúna a todos los representantes de la concertada en España, ya ha anunciado que presionará a los gobiernos autonómicos y recurrirá a los tribunales, incluso a instituciones europeas, todas las decisiones administrativas contrarias a los derechos constitucionales y universales.

Si bien la presión de la calle, que esta plataforma ha logrado extender por toda España en tiempo récord, no ha servido para que el Gobierno se abriera al diálogo, al menos sí ha servido para que los gobiernos autonómicos sepan la contestación con la que van a encontrar en sus territorios y, desde luego, para que gran parte de la ciudadanía conozca el trasfondo de la nueva legislación y lo que está en juego: libertades y derechos.