Esta semana termina el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de la nueva ley de educación (la LOMLOE), que se tramita en el Congreso de los Diputados pese a la situación límite que está viviendo el sistema educativo desde que se cerraron las aulas por la epidemia de coronavirus y pese a la propia epidemia, que amenaza con volver a dejar a los alumnos sin clases el curso que viene.

El Gobierno, debilitado y con un endeble apoyo en el Parlamento, sigue empeñado en aprobar la LOMLOE sin debate político y sin diálogo social. Por ello, una vez más, la Plataforma Concertados pide que se paralice la tramitación de la ley y reclama al Ejecutivo que propicie un debate sosegado en torno a la educación y a las urgencias que hay que atender como consecuencia de la pandemia.

La nueva legislación no facilita atender a esas necesidades con urgencia, para el curso que viene, y, además, propicia un malestar en gran parte de la comunidad educativa dado que es un agravio para la enseñanza concertada y una amenaza para todo aquel que ha elegido un colegio concertado para sus hijos, además de suponer un recorte de derechos y libertades para toda la ciudadanía y una censura de la pluralidad en educación.

Concertados –integrado por Escuelas Católicas, CECE, FSIE, FEUSO, Concapa y Cofapa– no sólo está «en contra de las formas en las que se pretende aprobar la LOMLOE, sino también de su contenido, porque es un claro retroceso para nuestro sistema educativo, al volver a la fracasada LOE, y porque pone límites inaceptables a las libertades de los ciudadanos», señalan los integrantes de la plataforma en comunicado.

En una infografía que ha difundido horas antes de que expire el plazo de presentación de enmiendas (y que puede verse arriba), Concertados resume las razones por las que la LOMLOE daña al sistema educativo y las libertades constitucionales en educación. Éstas son las principales razones:

• Esta ley elimina la demanda social como criterio de programación de plazas gratuitas.
• Permite la distribución del alumnado por la administración educativa sin tener en cuenta la libertad de elección de los padres.
• Inventa un derecho a la educación pública, cuando el derecho reconocido en la Constitución es el derecho a la educación.
• Olvida los derechos de los padres como responsables de sus hijos.
• Introduce un comisario político en los centros concertados.
• Posterga la enseñanza de la Religión.
• Impone una nueva asignatura en valores éticos y cívicos que no se apoya en valores consensuados.
• Limita la autonomía de los centros.
• Ataca a la educación diferenciada.
• Pone en duda la supervivencia de los centros específicos de Educación Especial.

Por todo ello, la Plataforma Concertados reclama al Gobierno «que paralice la tramitación de la LOMLOE hasta que las circunstancias sociosanitarias permitan un debate parlamentario y social real que nos lleve a una ley de consenso y que respete el lugar que corresponde a la red concertada dentro de nuestro sistema educativo».

Una de las imágenes que se difundieron por Twitter en la ‘quedada digital’ #paremoslaleyCelaá del 20 de mayo.

Todas las organizaciones integradas en la comunidad educativa de la escuela concertada en España han pedido reiteradamente la retirada del proyecto de ley y la búsqueda de una ley de consenso que deje las ideologías a un lado y sea estable y duradera. Lo han hecho por separado, en sus encuentros con el Ministerio, y juntos, en varias acciones, como la del pasado 20 de mayo, cuando consiguieron que el hastag #paremoslaleyCelaá fuera trending topic en Twitter con 115.000 mensajes.

La Plataforma Concertados está formada por Escuelas Católicas (FERECECA y EyG), CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza), CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos) y COFAPA (Confederación de Padres de Alumnos). También están integrados los sindicatos mayoritarios de la concertada FSIE (Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza) y FEUSO (Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera).