Santiago García, secretario general de CECE, compareció la semana pasada en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso de los Diputados, en una sesión dedicada al Anteproyecto de Ley de Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, presentado por el Ministerio al Consejo de Ministros del pasado 15 de junio.

En calidad de experto en FP, Santiago García expuso su punto de vista sobre el texto normativo y aquellos aspectos que consideraba susceptibles de mejora para que los “ambiciosos” y “necesarios” propósitos de la ley sean viables y verdaderamente se logre una transformación y una modernización de todo el sistema de formación profesional, que integra la del sistema educativo y la formación para el empleo. [Puedes ver la comparecencia íntegra aquí.]

El secretario general de CECE, veterano profesor de FP, ex director de centro y ex asesor de la Comisión Europea, subrayó el gran esfuerzo pedagógico, de cambio de mentalidad y de diálogo que la futura ley exigirá a todos los agentes implicados, que no son pocos: “Administraciones, autonómicas, empresas grandes y pequeñas, colectivos empresariales (patronales sectoriales, cámaras de comercio, agrupaciones gremiales y de pequeños productores…), sindicatos, docentes, centros de FP y hasta universidades”, enumeró.

El experto también apuntó como una de las principales debilidades de la futura ley la pretensión de hacer dual toda la FP, desde el grado básico al superior. “Debemos considerar si es viable pretender que todas las ofertas de ciclos formativos sean duales. Ni en países de tradición dual, como Alemania, es dual toda la formación”, advirtió a los diputados.

Como ya hizo en la entrevista con Actualidad Docente, Santiago García planteó que no todo el alumnado puede casar bien con la empresa, sobre todo cuando es demasiado joven –en FP Básica–, y eso puede complicar en exceso la organización de la formación en los centros educativos, además de disuadir a muchas empresas de implicarse en la Formación Profesional, según explicó.

Hablando desde la experiencia, expuso: “Hay que tener en cuenta el perfil de los alumnos, y las dificultades que actualmente conlleva, en muchos casos, el encontrar empresas dispuestas a acogerlos en prácticas. Si aumentamos las horas de las 400 actuales a una horquilla entre 500 y 700, y además la empresa tiene que asumir el 20% de los resultados de aprendizaje, se va a generar un problema mayor”.

También expuso la necesidad de crear un contrato de trabajo específico para los aprendices porque el actual contrato de formación y aprendizaje no responde a las necesidades de la FP dual, pero también llamó a abrir la puerta a otras fórmulas de vinculación entre las empresas y los estudiantes, como las becas, que es la que hoy en día tienen implantada algunas comunidades autónomas. Según expuso, los criterios de calidad de la UE hablan de que los aprendices han de tener “remuneración y cobertura social”; no mencionan específicamente un contrato. “Busquemos modelos que encajen ahí”, apuntó.

Santiago García, que previamente había mantenido una reunión con la directora general de FP del Ministerio, Clara Sanz, transmitió a los diputados su valoración positiva de la norma propuesta por el Gobierno, especialmente todo lo referido a internacionalización de la formación: la incorporación de los estándares competenciales europeos, las microformaciones, el fomento de los dobles grados con centros de otros países, la formación en empresas de otros países… “Tenemos que abrir más la FP. A nuestros titulados se los rifan en Alemania”, aseguró.

No obstante, advirtió de la “confusión” que puede suscitar la clasificación de la formación en cinco grados (A, B, C, D, E) cuando en el sistema ya tenemos la denominación de “grado” asociada a los ciclos formativos de grado básico, medio o superior.

El profesorado

Santiago García dedicó parte de su intervención a los escenarios que abre la futura ley al profesorado de FP. Por ejemplo, uno que a priori puede resultar inquietante para los docentes: “Hay que asegurar que el incremento de las horas de formación en la empresa no lleve aparejado una disminución de profesorado en los centros educativos”, señaló.

Por otro lado, destacó el papel de los profesores especialistas en la formación modular, máxime cuando se aspira a una actualización rápida de la formación en campos profesionales que avanzan a gran velocidad. Por ello solicitó “que se elimine del su carácter de figura excepcional” y “se considere su participación de manera más realista”. Y también reivindicó “la necesidad de que los Técnicos Superiores de FP puedan seguir impartiendo docencia en los centros, tanto públicos como privados”.

Respecto a la figura del tutor del centro, que la ley contempla junto a la del tutor de empresa, Santiago García, apuntó una situación que deberán tener en cuenta las administraciones: “Si vamos a itinerarios formativos personalizados, serán necesarios varios tutores en cada grupo de alumnos. De hecho, la gran mayoría del profesorado desempeñará esta función, y hay que regular las condiciones en las que se desarrollará su trabajo”.

Libertad de enseñanza, centros públicos y privados

El ‘número dos’ de CECE saludó que el texto del anteproyecto no trate de manera distinta a centros públicos, privados y concertados, advirtió del peso que tiene la iniciativa privada en la oferta formativa actual (un 30% del total, un 20% concertada) y pidió que tanto el trámite parlamentario como los posteriores desarrollos de la ley mantengan el trato de igualdad para todos los centros, no cómo hace la LOMLOE.

“Con la actual redacción de la ley nos sentimos cómodos. Espero que en el trámite parlamentario no se estropee. Deseo que no tengamos ‘LOMLOE ‘2’ y que se empiece a apostar por tener un consenso”, señaló antes de poner en valor el reconocimiento que hace la ley de la libertad de enseñanza como “medida de la calidad de ese consenso que podemos alcanzar”.

FP y Universidad

Preguntado por la imagen devaluada que tiene la FP en la sociedad española, Santiago García, afirmó que “estamos mejor de lo que parece”, de acuerdo al último informe del CEDEFOP que recoge información de todos los países europeos. Para mejorarla, apuntó algunos consejos: “Hacen falta más campañas que promuevan la FP, como se hace en otros países, pero, sobre todo, hace falta que nos lo creamos nosotros. O nos lo creemos nosotros, o no se lo vamos a hacer creer a nadie”.

Y también subrayó que flaco favor le hacemos a la FP “que intentemos compararla con la universidad y que su prestigio se logre a base de equipararla con la universidad”. “Tiene su especificidad propia”, recalcó. “Hay que dejar abiertos los itinerarios entre la Universidad y la FP, que todo el mundo pueda llegar adonde quiera, pero no intentemos prestigiar la FP diciendo que es como la universidad. Está muy bien que nuestra FP de grado superior sea EQF 5 y esté dentro de la educación superior. Eso hace que sea de las mejores en Europa. Saquemos pecho de ello. Pero demos a cada una su lugar y que cada una conserve su especificidad», dijo en relación con la posibilidad que da la ley de diseñar módulos de FP conjuntamente con la universidad. “Y no enfrentemos”, pidió, “porque, si no, no va a haber nunca colaboración entre una y otra”.

Para terminar, y en respuesta a la intervención del representante socialista en la Comisión, Lázaro Azorín, el secretario general de CECE manifestó: “A la ley le falta muy poquito para ser excepcional. Trabajando juntos todos podemos conseguirlo”.

Además de Santiago García, comparecieron en la Comisión de Educación y FP del Congreso José Antonio Sarria, presidente de la Comisión de Educación y Formación de la CEOE; Jorge Arévalo, viceconsejero de Formación Profesional del Gobierno vasco; y Francisco Javier Cano, presidente de la Asociación Nacional de Profesorado de FOL (Anprofol).