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La pregunta es qué vamos a hacer para abordar el descenso demográfico y así convertir el problema en una oportunidad

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Lucas Gortázar es director de Research y senior fellow de Educación en EsadeEcPol. Además es un profesional independiente especializado en el análisis de políticas públicas relacionadas con la educación, el mercado de trabajo y las políticas sociales.También trabaja como consultor para la Práctica Global de Educación del Banco Mundial, con experiencia en más de 10 países de las regiones de Europa, Asia Central y Oriente Medio. Esta misma semana EsadeEcPol ha publicado su último estudio sobre el descenso demográfico de Lucas Gortázar y Jorge Galindo: «Las escuelas se están quedando sin niños: una oportunidad para transformar el sistema educativo».
P. ¿Puede el sistema educativo público y  privado español soportar el  descenso demográfico?

R. Sí, ya lo hicieron en los años 90 del siglo pasado con la salida de los baby boomers (nacidos en los 60 y 70) de la escuela. Y lo pueden volver a hacer. Ahora la caída es más pronunciada y la escolarización es casi universal, pero se puede gestionar. La pregunta no es tanto si el fenómeno va a ocurrir, que es algo seguro. La pregunta es qué vamos a hacer para abordarlo de manera estratégica para convertir un problema en una oportunidad. 

P. ¿Cree que todavía el sistema educativo está resentido por los efectos del confinamiento y de la pandemia del COVID-19?

R. En términos de escolarización, trabajo diario, organización, creo que es una pantalla superada. Pero permanece un poso de reflexión que ha venido para quedarse más relacionado con el papel de la escuela, sobre innovación y sobre mejorar el sistema en su conjunto: una reflexión que se hacen docentes, familias y centros. 

P. Respecto a la reutilización e interpretación de los datos estadísticos educativos ¿quién debe facilitar su producción y su uso?¿Cómo pueden favorecer el aumento de la calidad educativa?¿Qué países son ejemplo en su uso? 

R. La producción pública de datos educativos en España es gigantesca. Las administraciones deberían hacer un esfuerzo por integrar y facilitar el uso de esos datos con fines investigadores, porque esos datos no les pertenecen, son de toda la ciudadanía y con los debidos controles y procesos, deberían ser accesibles para ciertos fines. Tener información sobre lo que está pasando en la escuela de manera detallada e individualizada abre la puerta a mejorar la detección tanto cuantitativa como cualitativamente. También permite conectar a docentes, familias y alumnos, algo que nuestro sistema educativo necesita. 

P. ¿Por qué piensa que se están generalizando el uso de las clases particulares, ¿por falta de calidad de las clases, por el aumento de presión sobre los alumnos? ¿Puede el estado ocuparse de este servicio? En muchos colegios públicos desde la pandemia se ha creado grupos de refuerzo de mates y lengua y otras asignaturas, no parece suficiente.  

R. Hay factores asociados a las dinámicas económicas y sociales y hay factores que tienen que ver con la escuela. Las familias demandan más personalización porque son más conscientes que nunca de las oportunidades escasas a las que pueden llegar sus hijos. Y a la vez, supongo que perciben que la escuela no les da esa personalización, algo que las políticas educativas deberían corregir, tanto en organización de la escuela como en recursos. Sobre todo en lo que se refiere al ámbito más académico y curricular, como son las matemáticas, la lengua o las ciencias. Porque hay una parte de la demanda de clases particulares que es más extra-curricular y tiene que ver con las artes, música, pintura o los idiomas. En nuestros estudios, vimos que las familias de menor renta usan las clases particulares para igualarse académicamente y las de mayor renta lo hacen para distinguirse desde el punto de vista extra-curricular algo que sabemos que también marca la diferencia en la vida adulta.

P._¿Qué papel pueden jugar las políticas educativas en la segregación escolar?

R._Las políticas educativas pueden jugar un papel importante a la hora de influir en la segregación escolar de tipo socioeconómico o de otro tipo. Lo hacen tanto a través de la oferta (planificando la red escolar, decidiendo líneas y plazas) como a través de la demanda, regulando los criterios de admisión del alumnado. Esas políticas influyen en las segregación y en muchos casos, como en el caso de España, amplían la segregación residencial que hay de partida.   

P._¿Cómo se podría reducir la segregación escolar respetando la capacidad de elección de centro?

R._Creo que hay que incidir en ambas dimensiones. En 2021, publicamos desde EsadeEcPol un informe junto con Save the Children (y su especialista Alvaro Ferrer) en el que explorábamos sobre todo los factores de demanda, como los criterios de baremación, las políticas de escolarización local, los sistemas de reserva de plazas, la información a las familias o la matricula viva. Pero en un contexto de caída de la natalidad y sobreoferta de plazas, las políticas de oferta también deben estar ahí, reduciendo la oferta en todos los centros a la vez, y adecuando la red escolar para evitar desequilibrios. También asegurar la gratuidad en el acceso (algo que todavía no se cumple en la escuela concertada) y las becas.

P.¿Por qué la segregación escolar es un problema para la eficiencia del sistema educativo y para la igualdad de oportunidades?

R. Porque si los alumnos se agrupan con sus iguales en los centros, todo permanece igual. Las expectativas entre alumnos de diferente origen dejan de transmitirse, los alumnos dejan de aprender de sus diferentes y de adquirir nuevos valores. Y un sistema segregado significa normalmente un número elevado de centros guetos “ghetto”, que son instituciones ingobernables y que tienen enormes dificultades, aunque tengan muchos recursos, para lograr el éxito escolar de sus alumnos: una distribución escolar así va a suponer un mal uso de los recursos públicos. Una red escolar diversa implica instituciones gobernables, movilidad y mezcla social y eficiencia. Es una cuestión de justicia y de eficiencia. 

P. ¿La entrada de alumnos de origen extranjero o de niveles socioeconómicos más bajos en la escuela concertada puede estar trasladando a ciertos sectores económicos a los colegios privados?

R. No tenemos datos sobre esta cuestión, pero no creo que sea un fenómeno importante en magnitud, más allá de la anécdota. Puede haber un efecto huida en algunos centros, pero eso ocurre cuando la proporción de este tipo de alumnado es mas bien alta: teniendo en cuenta la baja participación del alumnado de rentas bajas y origen inmigrante en centros concertados, comparado con la escuela pública, el margen de actuación es todavía amplio. Y por otro lado, no todas las familias de alumnado en centros concertados tiene los ingresos como para acudir a centros privados. 

P. ¿Debería cubrirse la diferencia de financiación entre colegios públicos y concertados? ¿Es posible hacerlo?

R. Sí, por supuesto, debería. La lógica siempre debería ser gratuidad y no lucro a cambio de inclusión, como ocurre en la escuela pública. En todo caso, no se puede tratar a todos los centros concertados por igual, porque la foto es diversa y mientras que muchos centros ya actúan como verdadero servicio público y social (mal financiado), otros se parecen más, en servicios y composición de alumnado, a los centros privados. En términos de viabilidad política, es un tema sensible que requiere consensos más amplios a nivel nacional y autonómico, hoy divididos en bloques irreconciliables: de lo contrario lo normal es que esto se convierta en un tema muy politizado y genere mucho ruido. En términos de viabilidad económica, implicaría subir los impuestos: al final las escuelas concertadas se financian también a través de las familias, si queremos que se financien a través de las AAPP, las familias tendrán que contribuir más a las Haciendas. Esa es la lógica de un servicio público. 

 

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