La razón de ser de la Asociación de Padres Europeos es «fomentar la participación y la implicación de los padres en la educación». Nos lo explica su presidente actual, Víctor Petuya, que también es el presidente de FAPAE, Federación de Asociaciones de Padres de Euskadi (integrada en COFAPA). Responsabilidad europea al margen, Petuya se reconoce preocupado en España por la inminencia de una ley, la LOMLOE, que elimina el criterio de la demanda social a la hora de programar la enseñanza y lamenta que sea una ley, una vez más, sin consenso. La EPA no entra a valorar legislaciones nacionales de los estados miembros de la UE, precisa, pero sí pide a los gobiernos «el máximo consenso posible» en educación y no excluir a las familias en las políticas educativas.

Al fin y al cabo, «la prioridad de la EPA es reafirmar el protagonismo de los padres en educación de sus hijos, defendiendo y promoviendo políticas e iniciativas sobre infancia y educación que pongan el foco en las familias, en ayudarlas, formarlas y empoderarlas, en vez de excluirlas«. Por ello el presidente de EPA reivindica una mayor implicación de la familia en la escuela y considera que ésta es mayor cuando los padres se sienten identificados con el proyecto educativo que han elegido para sus hijos: «Que haya mucha autonomía de centro y muchos proyectos educativos facilita que cada familia se encuentre cómoda en su colegio, tanto como para implicarse en él», señala en esta entrevista en la que también le preguntamos por el papel de la enseñanza concertada en España y, más concretamente, en el País Vasco.

Pregunta.– ¿La Asociación de Padres Europeos tiene una postura sobre la legislación educativa y las políticas educativas de los países miembros como para opinar sobre el proyecto de ley que está a punto de aprobarse en España?
Respuesta.– La asociación no toma partido respecto a la legislación de cada país. En la EPA nos centramos en promover actividades a nivel europeo para mostrar el protagonismo de los padres en la educación y para capacitar a los padres para ejercer ese protagonismo en la educación de sus hijos. Es verdad que algunos de los miembros de la EPA de Italia y España, han mostrado su preocupación por situaciones particulares que están viviendo en esos dos países. En el caso de Italia porque la crisis generada por el Covid-19 hace peligrar uno de cada tres colegios no estatales, dada la nula ayuda que están recibiendo del Estado y que las familias están teniendo problemas para abonar las cuotas. Y en el caso de España, nos llega la preocupación por la ley que se quiere aprobar y que limita las posibilidades de las familias para elegir el colegio de sus hijos y para participar en la promoción y el desarrollo de colegios acorde a su ideario. En ese sentido, la EPA escribió una carta de apoyo a sus miembros españoles e italianos llamando a los gobiernos al diálogo con la sociedad y los distintos actores educativos para que las decisiones se adopten con el máximo consenso posible.

P.– ¿En otros países europeos la legislación sobre educación avala el derecho a elegir colegio? ¿La programación de la enseñanza está regulada en ese sentido?
R.– Hay mucha variedad entre países. Por ejemplo en Holanda está recogido en la constitución el cheque escolar, la posibilidad de que cada padre elija el colegio; y el Estado asigna una cantidad para costear en parte o la totalidad de la plaza escolar. Es una asignación directa al colegio que escoge la familia. Por eso Holanda es uno de los países europeos con mayor pluralidad educativa. Por ejemplo, Dinamarca tiene un 30% de enseñanza no estatal y la mayoría está financiada por el Estado. En Francia la llamada «escuela libre» o «escuela católica» tiene a los profesores pagados por el Estado. En Alemania depende de cada lander y, por ejemplo, en Baviera hay un porcentaje alto de colegios de iniciativa social. El modelo concertado de aquí no es extraño, no es una peculiaridad.

P.– Usted es ahora presidente de la EPA, pero también en España preside la FAPAE del País Vasco.
R.– Sí, y en la Federación de Asociaciones de Padres de Euskadi estamos directamente comprometidos con concienciar sobre el daño que hace la LOMLOE.

P.– Y ¿cómo ven la LOMLOE los padres en una comunidad donde la mitad del alumnado está en la escuela concertada?
R.– Es una ley que resta protagonismo a los padres a la hora de elegir la educación para los hijos y a la hora de impulsar nuevos colegios de acuerdo a un proyecto educativo cuyo interés compartan con otros ciudadanos. Al eliminar la demanda social como criterio para la concertación o la financiación por parte del Estado, el artículo 109 deja en manos de la arbitrariedad de cada administración financiar unas plazas públicas o las otras. En FAPAE demandamos justo lo contrario: que se financie aquello que las familias eligen para sus hijos, por supuesto, dentro de lo que permite la ley. Luego cada autonomía decidirá los criterios, pero de entrada, esos criterios los han sacado del lado de las familias y los han puesto en manos de la administración. Eso no nos gusta, sean cuales sean los criterios que se manejen después en cada autonomía. Si vemos las enmiendas que ha presentado PSOE con Unidas Podemos, nos preocupa aún más porque ya no sólo se elimina la demanda social, sino porque se hace una apuesta por la creación de plazas de escuela pública olvidando la posibilidad de que pública y concertada sean complementarias como hasta ahora en el sistema educativo español. En FAPAE creemos que es importante no oponer la escuela pública a la escuela concertada, sino que ambas son parte del mismo sistema educativo. Nosotros vamos a pelear todo lo que podamos para que la ley salga lo mejor posible después del proceso de enmiendas.

P.– Pero en el Congreso ya no hay mucho que hacer, dado que se ha eliminado la posibilidad de escuchar a la sociedad civil…
R.– Nos preocupa muchísimo que el Gobierno haya eliminado la posibilidad de que que haya comparecencias de los agentes educativos. Una ley de este alcance, además de tener el máximo consenso educativo, debe hacerse escuchando a todos los agentes educativos. Si no se escucha a todos, es imposible decir que tiene consenso. Aunque se apruebe así, habrá que seguir reivindicando el derecho de las familias en cada comunidad autónoma.

P.– Efectivamente, es en cada comunidad autónoma donde la gestión puede respetar más o menos el deseo de escolarización de las familias a la hora de mantener o ampliar el concierto a colegios con demanda.
R.– Al final en cada comunidad autónoma los padres tendrán que pelear que los criterios de la Administración sean lo más respetuosos posibles con los deseos de las familias. Pero el Gobierno, de entrada, consigue un sistema perverso en sí mismo porque hace que la decisión se ponga de parte de la Administración en vez del lado de las familias. Hasta ahora era algo compartido por la Administración y las familias; la primera tenía que tener en cuenta a las segundas. Al desaparecer eso, ahora dependerá de la arbitrariedad de la Administración o incluso de cada director de planificación educativa. Al final, el ciudadano podrá elegir dentro de lo que la Administración decida que puede elegir.

P.– Habida cuenta de la tradición legislativa española en educación, siempre cabe la posibilidad de que esto cambie en cuanto haya un cambio de Gobierno.
R.– Aquí en España estamos siempre en el péndulo que va de un lado a otro y ocurre algo perverso, que es que nunca hemos tenido una ley con un mínimo de consenso. De ahí que no sean estables y que sepamos que van a durar poco. Por eso, nosotros veíamos esta ley como una oportunidad para llegar a un consenso y que, escuchando a todo el mundo, pudiera llegarse a un marco estable a lo largo de los años. Y vemos que esa oportunidad se ha perdido, igual que se perdió con la LOMCE. Nos da pena que esta ley de contestación a la LOMCE desaparezca algo fundamental para nosotros como el criterio de la demanda social cuando justamente nos parece absolutamente necesario reconocer el derecho de los padres a elegir el colegio de sus hijos.

P.– ¿Por qué el derecho a elegir la educación de los hijos sólo parecen defenderlo los padres de que han elegido colegio concertado? ¿Por qué no es un debate que alcance a toda la sociedad? 
R.– Porque parece que la elección es entre pública y concertada, como si esa fuera toda la diversidad que hay. Dentro de la concertada hay diversidad de proyectos, y a mí me gustaría que en la pública hubiera también diversidad de proyectos y que pudiera elegirse entre ellos; entre un colegio que prima más las Artes u otro que prima más la Tecnología. El problema es que percibimos la pretensión de que la escuela pública sea lo mismo para todos y responda a un modelo único diseñado por el Estado, cuando los padres deberíamos poder elegir entre diferentes modelos. Hay que llamar la atención sobre que no se trata defender la concertada frente a la pública, o viceversa, sino de defender diversidad de modelos frente a un modelo único de escuela. ¿Por qué los padres que eligen la escuela pública no pueden optar a diversidad de proyectos educativos si la pagan con sus impuestos? ¿Por qué ese mensaje de si quieres algo distinto, tienes que hacer un esfuerzo económico en un concertado? ¿Y por qué ahora ya se quiere restringir esa posibilidad y limitar la posibilidad de elección a ser directamente de clase alta?

P.– Es curioso que este debate se produzca justo en un momento en que la escuela ha necesitado que los padres adopten un mayor protagonismo en la educación de sus hijos debido al confinamiento y a la educación a distancia.
R.– Así ha sido, y, de hecho, en el confinamiento del curso pasado pudo comprobarse que en los casos donde familia y colegio iban de la mano el proceso de cambio a una educación a distancia fue mucho más exitoso que en otras situaciones en las que familia y colegio apenas se conocían y trabajaban de manera independiente. Pero más allá de las necesidades provocadas por la pandemia, lo que vemos en muchos estudios y también en políticas educativas de Europa es la importancia creciente de la participación de los padres en la escuela, de que escuela y familia vayan de la mano, y también la importancia de la apertura de la escuela a su entorno y de las comunidades de aprendizaje que integran a todos los actores clave en la educación. De hecho, eso es lo que se ve como progresista en Europa. Y para que eso ocurra es muy importante que haya una identificación de los padres con el proyecto educativo en el que están sus hijos porque es muy difícil involucrarse en algo que sientes ajeno o que percibes desconectado de la familia, como si la escuela fuera algo que no me atañe. La educación es mucho más eficiente cuando la colaboración familia-escuela es mucho más alta. En la medida que hay una divergencia entre los proyectos de familia y colegio, la familia se siente menos identificada y se implica menos en el colegio y en el proceso educativo de sus hijos. Por el contrario, que haya mucha autonomía de centro y muchos proyectos educativos facilita que cada familia se encuentre cómoda en su colegio, tanto como para implicarse en él.

P.– En el País Vasco hay un equilibrio al 50% entre escuela pública y escuela concertada. ¿La LOMLOE no haría tanto daño al derecho a elegir colegio como en otras CCAA?
R.– Depende del grado de autonomía en la toma de decisiones que podamos tener en el País Vasco. Pero la LOMLOE es una ley orgánica y hay que seguirla. Y lo que nos preocupa es que la concertación sea algo a decidir únicamente desde la Administración sin que cuente en absoluto la demanda de los padres, y que la oferta de puestos escolares se dé donde la Administración quiera ofertarlos. Esa arbitrariedad no nos gusta. Pero además, si prosperan las enmiendas de PSOE y Podemos, la LOMLOE dice a las administraciones que tienen que apostar por la pública y ampliar plazas públicas en vez contar con las plazas de la concertada como alternativa viable para las familias.

P.– ¿Percibe usted un afán acaparador de la educación por parte de la Administración en el modelo de sistema educativo que plantea el Gobierno en la LOMLOE?
R.– Sí. Y ahí se parte de una desconfianza intrínseca hacia las familias: “Las familias no van a ser capaces: el Estado tiene que asumir este papel”. Con mejor o peor intención, pero lo veo así. Y en la EPA precisamente proponemos lo contrario: forma a las familias y empodéralas para que sean más capaces de educar a sus hijos porque la familia es el entorno natural en el que ciertos temas han de ser tratados; de acuerdo con el colegio, por supuesto, pero en la familia, no en el colegio.