- La pandemia ha sumido al sector en una profunda crisis que ha generado el cierre del 15% de los centros.
- El teletrabajo y el miedo al contagio han hecho caer la matriculación entre un 40% y un 80%.
- A la exclusión del sector en las medidas de recuperación el Gobierno suma el anuncio de 65.000 plazas nuevas de titularidad pública.
Las organizaciones patronales ACADE, CECEI, EyG, CECE, FCIC, SALVEM
0-3, integrantes de la Mesa Negociadora del XII Convenio Colectivo de Ámbito
Estatal de Centros de Asistencia y Educación Infantil, en representación del
100% del sector, han suscrito una Declaración Conjunta en la que solicitan
medidas urgentes ante la grave crisis que padece este colectivo agravada por
la pandemia:
- La implementación de modelos de financiación. «Con esta medida, se
favorecería la viabilidad de estas empresas, y con ello las condiciones que
permitan el mantenimiento y mejora del empleo y salarios, y la prestación de un
servicio de interés público esencial», apuntan las patronales en su comunicado conjunto. - Ayudas económicas extraordinarias para paliar los efectos derivados de
la pandemia y evitar el cierre de los centros de Educación Infantil
privados. Para ello, reclaman las patronales, el reparto de fondos europeos «debe responder a criterios objetivos de pérdida de ingresos» debidos a la pandemia y no a la clasificación de la actividad económica. - Creación de una Mesa Sectorial de Educación Infantil, presidida por el
Ministerio de Educación y Formación Profesional, en la que se aborden los problemas y posibles soluciones del sector de la mano de los representantes de la negociación colectiva.
La red de centros privados está formada principalmente por autónomos,
micropymes y pymes, con una limitada capacidad económico-financiera. Antes
del inicio de esta crisis sanitaria existían en nuestro país más de 5.100 centros
educativos 0-3, que escolarizaban a más de 250.000 alumnos y alumnas, y que
empleaban a más de 50.000 profesionales, la mayoría joven y femenino.
«Este sector está inmerso en una profunda crisis, agravada por los efectos de la
COVID-19, que está derivando en el cierre constante de centros, superándose
en la actualidad alrededor del 15% desde el inicio de la pandemia, con la
consiguiente pérdida de empleo que ello conlleva», señala comunicado emitido por las patronales.
«Ya antes de que estallara la pandemia existían factores que propiciaban la
crisis del sector», advierten. Por ejemplo, el descenso de la natalidad: el INE revela una caída de más del 29% en los últimos años y un descenso de nacimientos del 20% desde que comenzó la pandemia.
Pero, además, a eso habría que sumar «la persistente competencia desleal de establecimientos que se publicitan engañosamente como centros de Educación Infantil sin la oportuna autorización administrativa» y «la imposibilidad de repercutir en las cuotas de las familias los incrementos de costes de funcionamiento y, sobre todo, los sociales que han llegado al 45%».
A todos estos factores preexistentes hay que añadir otros específicos de la pandemia. El teletrabajo y el miedo al contagio han dejado un descenso de las matriculaciones que va desde el 40% en algunos centros hasta más del 80% en otros, aseguran.
En vez de ayuda, perjuicio
Y a todo ello se suma la falta de apoyo de la Administración y el anuncio de medidas que perjudican al sector más que ayudarlo:
El Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias
de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia tampoco ha tenido en cuenta la actividad económica correspondientes a este tipo de educación, dejando al sector en caída libre.
Y a ello el Gobierno suma el anuncio de 65.000 plazas públicas y gratuitas de primer ciclo de Educación Infantil que «contrasta con la ausencia de toda previsión destinada al estudio de alternativas de financiación y/u organización que permitan la subsistencia de la red privada de centros», según denuncian las patronales que representan a estos centros.
A esta ignorancia del sector privado de Educación Infantil por parte del Gobierno central en su impulso de la recuperación económica se suma «el trato discriminatorio dado a esta etapa educativa tanto en la LOE como en la LOMLOE, permitiendo la ruptura del primer ciclo y de sus objetivos pedagógicos», lo que comprometería aún más la viabilidad económica de los centros de educación infantil privados.
