La Plataforma Masplurales ha manifestado su preocupación por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno en lo que afecta al empleo de fondos europeos en educación. El Plan del Ejecutivo contempla la adjudicación de 4.687 millones euros para los próximos tres años en medidas para la modernización y digitalización del sistema educativo y para la creación de plazas escolares de 0 a 3 años sólo de titularidad pública, pero el documento «no ha sido consultado, debatido ni negociado con las organizaciones representativas de la comunidad educativa, al menos del sector de la enseñanza concertada», lamenta Masplurales.

La plataforma considera que «la redacción dada al texto no garantiza en ningún momento que las acciones e inversiones que se van a efectuar acaben siendo aplicadas proporcionalmente y con los mismos criterios a todos los centros sostenidos con fondos públicos».

«No queda claro en el documento si medidas como los Programas PROA, la creación de unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado educativamente vulnerable, o la incorporación de psicólogos, logopedas, rehabilitadores y asistentes de enseñanza para la atención de alumnado con discapacidad, van a ser aplicadas al sector de la enseñanza concertada», señala la plataforma en su comunicado. «Todo indica, de nuevo, que esta posibilidad quedará en manos de la decisión política del gobierno autonómico de turno».

MasPlurales considera «discriminatoria y excluyente» la decisión de crear hasta el año 2024 unas 65.000 plazas escolares de 1 y 2 años exclusivamente en centros de titularidad pública con una inversión de 670 millones de euros: «Llama la atención que se pretenda crear este ingente número de plazas en un momento de fuerte bajada de la natalidad en nuestro país», apuntan, recordando que el propio Informe 2050 del Gobierno deja claro que «en los próximos años, la escuela perderá 800.000 estudiantes y se tendrán que cerrar 33.000 aulas».

Asimismo, denuncian, «el Gobierno no prevé financiación para la formalización de convenios con entidades privadas sin ánimo de lucro tal y como permite la vigente ley de educación. De esta forma, el gobierno pone en serio riesgo de continuidad y viabilidad a miles de centros de educación infantil que desde hace décadas vienen prestando este servicio a la sociedad. Con esta medida, decenas de miles de profesionales, en su mayoría mujeres, perderán de forma progresiva sus puestos de trabajo en un sector y miles de familias no tendrán capacidad de elección de la educación que desean para sus hijos, por motivos económicos, perjudicando a las clases más desfavorecidas».

Masplurales insiste en la necesidad de dialogar y acordar todas las medidas que repercuten en el sector, «desde el convencimiento de que es posible mejorar el sistema educativo sin excluir a nadie y respetando a las instituciones, profesionales, familias y alumnado que están en él».