Recabamos las opiniones de los ciudadanos que se manifiestan contra la ‘Ley Celaá’ este 20 de diciembre: ¿Por qué salir a protestar cuando la ley de educación ya está a punto de aprobarse?

«Me he leído la ley, tengo afán por saber y por entender, y estoy aquí porque quiero que los ciudadanos, mis padres y yo misma en un futuro podamos elegir el colegio al que van nuestros hijos”. Lo dice Nerea, alumna del colegio Senara de Madrid mientras sostiene un ramo de banderas naranjas que, como voluntaria, ha repartido en la multitudinaria protesta del 20D en Madrid contra la nueva ley de educación.

Su compañera Marina apunta: “Estoy aquí porque considero necesaria una pluralidad en la educación y que la gente tenga donde elegir y pueda elegir. Que la educación no va de rellenar colegios y cuando uno ya está lleno se llena el siguiente. Si hay un colegio que prioriza la música o el deporte y tú quieres llevar a tu hijo ahí porque crees que es mejor para él, que puedas hacerlo; no conformarte con el colegio que la Administración dice que te toca porque es el de tu zona”.

Tres alumnas del Colegio Senara de Madrid, en la manifestación contra la ‘Ley Celaá’ del 20 de diciembre.

Y la tercera del grupo, Paula, subraya: “Y que no puede ser que un padre de un niño con necesidades especiales no pueda decidir el mejor colegio para su hijo”.

“Lo que tampoco puede ser”, añade Marina, “es que en todos los cambios de leyes educativas haya habido un debate social previo y se hayan escuchado las diferentes opiniones de la sociedad, y en esta ley no”.

Más allá de los cláxones de los coches y de las apariciones estelares de los líderes políticos que se han adherido a las protestas ciudadanas contra la Ley Celaá, este 20 de diciembre salimos a la calle a escuchar por qué tanta gente sale a protestar en vísperas navideñas contra una ley educativa que ya es irrevocable cuando lo fácil sería mirar a otro lado y quedarse en casa calentitos o salir a comprar regalos. Es la segunda manifestación de la Plataforma Más Plurales después de la del pasado 22 de noviembre. Pese a la movilización de decenas de miles de ciudadanos en 50 ciudades de toda España, la LOMLOE sigue adelante y quedará aprobada esta Navidad. El Gobierno ha ignorado todas las peticiones de diálogo de la plataforma Más Plurales y las llamadas a eliminar los ataques de la ley a la enseñanza concertada y a la educación especial.

José Ignacio, Teresa, Belén y Manuel pasean por el Paseo de la Castellana ondeando banderas naranjas y animando a los conductores a que hagan sonar el claxon. José Ignacio es el padre de los otros 3, jóvenes veinteañeros sin hijos. No son docentes. Aparentemente la Ley Celaá no los afecta en nada, pero tenían claro que esta mañana iban a salir juntos a protestar contra la aprobación de la norma.

“Los hijos son de los padres; no del Estado, como ocurre en los estados totalitarios. No podemos callarnos ante eso”, dice el padre de los tres hermanos, que estudiaron en colegios concertados.

Belén, la más joven, señala: “Yo no tengo hijos ni sé si los voy a tener, pero me importa la educación que haya en mi país y me importan los derechos de las personas”.

Manuel, el que más azuza a los conductores para que piten, apunta: “El Estado no está para arrogarse la decisión sobre la educación de los hijos, sino para garantizar a los ciudadanos que pueden educar a sus hijos donde consideren. No pagamos impuestos para que nos digan dónde y cómo educar a nuestros hijos”.

Jaime y María sí tienen hijos en edad escolar, en un concertado madrileño: “Esto se trata de libertad y de pluralidad. Que nadie me diga donde llevar a mis hijos. Porque no se trata sólo de educación académica; se trata de la educación de la persona. Y ahí no todos los colegios son iguales. Yo soy responsable de su educación, no el Estado. El Estado tiene que garantizar pluralidad y calidad, y que todos puedan optar a ellas independientemente de su condición económica”, dice María.

“Y si tenemos un estado laico, tiene que dejar libertad de ser religioso a quien quiera serlo, y permitir que dé una educación religiosa a sus hijos”, apunta su marido.

Para Jaime, es “descarada la vuelta de tuerca que hace esta ley para ir vaciando secuencialmente la escuela concertada”. “Es una ley para tener el control total de la escuela”, sostiene.

A María también le parece inaudita la derivación de alumnado de necesidades especiales a los centros ordinarios. “La educación especial no es una cuestión de política, es una cuestión de profesionales especializados, y de sentido común”, señala María. “¿Cómo puedes obligar a una familia a que lleve a un hijo con discapacidad intelectual a un instituto? ¿Por qué le niegas que pueda elegir un centro especializado? ¿Por qué le niegas incluso la posibilidad de manifestar su preferencia*? ¿Vas a poner a todo el personal necesario para que ese niño aprenda, progrese y esté feliz? ¿Acaso piensas en el bienestar de ese niño?”, dice indignada.

(*La LOMLOE dice que la Administración sólo escuchará a las familias que deseen para sus hijos la escolarización en un régimen inclusivo.)

Y terminamos con un director de colegio: el sacerdote jesuita Juanjo Tomillo, de Nuestra Señora del Recuerdo. “Llevo avisando varios años de que esto iba a ocurrir. Lo vivimos en Portugal, donde suprimieron los conciertos de un plumazo. De cinco colegios concertados que tenía la Compañía de Jesús, quedaron dos. Aquí, en vez de hacerlo de golpe, lo hacen con la planificación. Y si el Estado puede poner aquí un colegio público, el tuyo, aunque lleve un siglo educando en ese barrio o en esa comarca, sobra».

«Pero lo peor», añade, «es la carga ideológica que le meten diciendo a la sociedad que es por el bien de todos, para acabar con los privilegios de los ricos sobre los pobres. Lo más sangrante es que te saquen lo de las aportaciones voluntarias; no saben que hay mucha gente que, pudiendo pagarlas, no las paga porque son voluntarias”.

Juanjo Tomillo, director de Nuestra Señora del Recuerdo, de Madrid, saludando a familias del centro que van a la manifestación del 20-D.

“De todos modos”, dice Juanjo, “aquí no te puedes fiar de ninguna administración sea del partido que sea. Pueden decir lo que quieran, que luego, a la hora de repartir fondos para recursos, o para formación del profesorado, o para ayudas al alumnado, todo se va a la pública. Se creen que aquí son todos ricos… Y tampoco equiparan las condiciones laborales del profesorado…”

“Al final”, concluye, “estamos aquí por compromiso, porque eso es la educación. Quien diga que es un negocio, que haga números de verdad, a ver lo que le sale”.

6.000 lazos naranjas en un solo día

La manifestación de Madrid aún no había comenzado cuando hablamos con Inma sobre la alta movilización que ha habido en su colegio, Nuestra Señora del Recuerdo, contra la LOMLOE. A las 10.30 se afana con la decoración naranja de su coche junto a otros padres y madres que han quedado para salir en caravana hacia la manifestación por el Paseo de la Castellana. Su colegio, nos advierte, responde al estereotipo de concertado que vende la izquierda: “La mayoría de familias somos privilegiadas y no tenemos dificultades económicas”. Sin embargo, el activismo contra la Ley Celaá ha sido notable.

Entre decenas de madres hicieron 6.000 lazos naranjas en un solo día: agotaron la cinta naranja y los imperdibles de todas las mercerías y los bazares chinos del barrio, y tuvieron que ir en coche a comprar más. Los repartieron un domingo a la salida de varias parroquias, informaron a la gente de las razones de llevarlo; llamaron a padres y madres amigos de otros colegios y empezaron a extender por ellos la movilización. “Fueron días muy intensos”, confiesa Inma. “Mi marido y yo íbamos a tres baterías de móvil diarias. Se nos olvidaba hacer la compra. Estábamos volcados en esto”.

Y todo empezó en un chat de madres creado con motivo de un cumpleaños. Empezaron a hablar de que había que hacer algo en el colegio para dar a conocer la ley de educación, movilizar a las familias… Y la respuesta fue abrumadora. “En este colegio hay un compromiso social muy alto”, explica. “Por ejemplo, los alumnos hacen voluntariado de manera obligatoria en la ESO. La gente se siente responsable de lo que ocurre a su alrededor; hay una fuerza interior muy grande en el cole. Te aseguro que aquí nadie se ha movilizado por lo suyo, sino por lo que tiene esta ley de imposición a la sociedad y a las familias, y que afecta, no tanto a nosotros como a las personas con situaciones más desfavorecidas”.

Y a las 10.50 parten todos en caravana, cargados de globos y lazos naranjas.