El presidente de CECE interviene en las Jornadas Parlamentarias del Grupo Parlamentario Popular con la Comunidad Educativa, organizadas para dar voz a sus representantes y a expertos en educación, que no pudieron ser escuchados en la Cámara Baja durante el rápido trámite de la LOMLOE

El presidente de CECE, Alfonso Aguiló, participó este jueves 4 de marzo en las Jornadas Parlamentarias del Grupo Parlamentario Popular con la comunidad educativa y centró su intervención en defender la importancia de la pluralidad educativa para salvaguardar la democracia, como contrapeso a cualquier tentación de adoctrinamiento ideológico.

Defendió, además, la elección de colegio por parte de los ciudadanos para sus hijos por estar recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, «que no están anticuados y no son de izquierdas ni de derechas; son derechos fundamentales». La programación de la enseñanza que establece la LOMLOE establece la adjudicación de la plaza escolar por parte de la Administración, suprimiendo el criterio de la demanda social y  recuperando el criterio de zonificación en la admisión. «¿Por qué no dejas a la gente que elija el colegio que quiere dentro de un marco común?», cuestionó Alfonso Aguiló, que criticó que algunos aún contemplen el derecho a le educación como «el derecho a tener una silla y una mesa en un colegio». «Un ciudadano quiere una silla y una mesa para su hijo en un colegio que respete sus convicciones», sostuvo.

Le escucharon atentamente los diputados del PP Sandra Moneo y Óscar Clavell, portavoces del GPP para educación. Por streaming lo siguieron otros diputados y medios de comunicación.

Puedes ver la comparecencia íntegra aquí:

Aguiló compareció en calidad de miembro de la comunidad educativa, como ya lo han hecho otros en las últimas semanas y como harán otros en las siguientes. Hasta ahora han intervenido: Francisco López Rupérez, ex presidente del Consejo Escolar del Estado; Jesús Marrodán, presidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de COFAPA; Pedro Caballero, presidente de CONCAPA; Juan Martín-Maestro, vicepresidente de la Federación Nacional de Centros de Educación Infantil (FENACEIN), y Xabier Gisbert, presidente de la Asociación Enseñanza Bilingüe.

El trámite de la LOMLOE, sin debate

La organización de estas jornadas por parte del Grupo Popular en el Congreso responden a la necesidad de dar voz a la comunidad educativa en sede parlamentaria después de que los partidos en el Gobierno «hurtaran» esa posibilidad en el trámite de la LOMLOE.

“Todos estamos de acuerdo en que la ley educativa debería haberse debatido en sede parlamentaria y haber contado con la participación de toda comunidad educativa”, señaló la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, durante la presentación de las Jornadas, a finales de enero.

La responsable del PP destacó que “el gran lazo” de un proyecto educativo son el debate, el consenso y el acuerdo, razón por la cual anunció que el PP derogará la LOMLOE en cuanto llegue al Gobierno “para promover un gran acuerdo y un gran pacto educativo, que es el que Pablo Casado ofrece a la sociedad española”

Respecto al proyecto educativo del PP, Gamarra manifestó que se asienta sobre los principios de libertad, de poder de elección y de pluralidad.

Defensa de la enseñanza concertada como garantía de pluralidad democrática

En su comparecencia, el presidente de CECE defendió la enseñanza concertada como la mayor garantía de pluralidad educativa necesaria en un país democrático. Negó que la subvención de centros educativos surgiera en su momento porque no había escuela pública para todos. «Eso es una simpleza», manifestó. «La concertada existe porque la enseñanza tiene que ser plural y esa pluralidad ha de ser de calidad y asequible para todos». «Si no se subvenciona, la pluralidad es sólo para los ricos», advirtió.

«La Historia ha demostrado que no es difícil que surja alguien con vocación de adoctrinamiento desde el poder», adujo. «Es algo sobre lo que no puede haber descuido en una sociedad democrática».

La pluralidad educativa es, también, el mejor freno a los intentos de adoctrinamiento por parte de cualquier institución u organización, «sean partidos políticos o entidades religiosas, ideológicas, territoriales…»

Y recordó: «Los sindicatos y los partidos políticos también son entidades privadas financiadas con dinero público. Y esto es así para salvaguardar la democracia». «La diferencia entre la democracia y el totalitarismo es que en democracia el espacio público lo gestionan entidades privadas dentro de un marco regulatorio público que facilite la libre concurrencia de ideas».

Tomando a partidos y sindicatos como referencia, Aguiló incidió en que «los escaños que tienen los partidos en el Parlamento dependen de los ciudadanos que los votan» y que el tamaño de un sindicato depende de los afiliados votados por los trabajadores. En coherencia, afirmó: «El tamaño de la escuela concertada también lo deciden los ciudadanos. Depende de ellos, no de una planificación gubernamental». 

El presidente de CECE también quiso desmontar los «mantras» que se repiten contra la escuela concertada desde la izquierda política. El primero, el de que la escuela concertada ha crecido en detrimento de la pública: «Basta con mirar los datos para comprobar que no es cierto. Me sorprende que gente supuestamente bien documentada diga esas cosas».

El segundo, que la concertada rechaza al alumnado de familias inmigrantes. En este sentido, Aguiló recordó, en primer lugar, que la diferencia con la escuela pública es muy pequeña; y después, que en las poblaciones pequeñas está más presente la escuela pública (en algunos casos porque los concertados que había hace años acabaron cerrando cuando les construyeron al lado uno público) y que muchas CCAA sólo dan becas y ayudas al alumnado de centros públicos, razón por la que estos absorberían mayor proporción de alumnado con baja renta familiar.

«Alejar la crispación y el enfrentamiento de la educación»

Alfonso Aguiló pidió para la educación legisladores «que no enfrenten» a la comunidad educativa y a la sociedad, «que alejen la crispación y el enfrentamiento de la educación», que busquen un marco regulador en el que quepan todos, «que se desmarquen de retóricas vacías», que «evalúe y mida la eficacia» de las políticas y los proyectos educativos, y que trabaje por «mejorar la educación en todas las redes».

«Uno de los problemas que tenemos como sociedad es la tendencia a culpar al otro de nuestros males», señaló el presidente de CECE. Pero la educación no se mejora en unos colegios a costa de quitar otros, argumentó. «La educación la tenemos que mejorar todos. No sobra nadie». Por ello, urgió a quien legisle y gestione la educación en España a «crear un relato más inspirador para la enseñanza que sirva para atraer más talento», a poner en valor «el tiempo dedicado por las personas a la educación, bien como padres, bien como docentes» y a fomentar «el reconocimiento social» de esa labor porque «es un bien para la sociedad».

Respecto a la LOMLOE, Alfonso Aguiló apuntó las cuestiones que, en su opinión, perjudican a la sociedad y a la democracia y que, además, atentan contra derechos fundamentales:

• El «gran retroceso» que supone el artículo 109 sobre la programación de la enseñanza porque establece la «adjudicación» de colegio que decida la Administración por encima de la elección que hagan las familias para sus hijos. «La programación debe ir en función de la demanda», sostuvo Aguiló.
• La obligación de escolarizar niños de educación especial en centros ordinarios sin tener en cuenta el criterio y la voluntad de la familia.
• La supresión de subvenciones a la enseñanza diferenciada pese a ser demandada por la sociedad y en contra de la jurisprudencia constitucional: «Me preocupa mucho que una ley pueda salir del Parlamento en contra de ocho sentencias del Tribunal Constitucional».
• La incorporación de representantes políticos en los Consejos Escolares de los centros: «El artículo 27 de la Constitución dice que los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos con fondos públicos», pero no dice nada de los concejales».
• La devaluación de la asignatura de Religión y las dificultades para escogerla, pese a ser elegida por un 63% de las familias con hijos en España: «No hay ninguna otra cosa que sea elegida por un 63% de la población, que cuente con tanta elección y tanto arraigo en nuestra sociedad, así que creo que debería ser tratado con mayor consideración».
• «Que para evitar los guetos se zonifique la educación» cuando «precisamente la zonificación favorece los guetos».

El presidente de CECE manifestó que espera que se presenten recursos de inconstitucionalidad que hagan referencia a algunos de estos aspectos y que tanto CECE como la plataforma Más Plurales –de la que forma parte CECE– estarán muy atentos a todos los desarrollos que tenga la LOMLOE, tanto en los decretos del Gobierno como en su desarrollo y aplicación en las comunidades autónomas.